Qué establece la ley provincial que regula el transporte de pasajeros mediante aplicaciones

Para funcionar en la provincia, deberán establecer domicilio local y designar un representante, apoderado o encargado del negocio que también tenga residencia permanente. Esta es una de los principales condiciones que establece la nueva ley  de “regulación del Servicio de Transporte Privado a través de Plataformas Electrónicas", aprobada en la última sesión por la Legislatura. En la cámara se la conoció como la norma “anti Uber”, por la aplicación multinacional.

“Si el titular de la Empresa de Red de Transporte fuera una persona jurídica privada constituida en la República Argentina, pero no en la provincia y, las constituidas en el extranjero, deberán, además, establecer (una) sucursal en Tucumán e inscribir la misma en el Registro Público, a cargo de la Dirección de Personas Jurídicas, cumpliendo con las exigencias y requisitos de la repartición (gubernamental)”, limita la normativa.

La iniciativa, impulsada por los legisladores Raúl Ferrazzano y Daniel Deiana, fija también el pago de una alícuota adicional de Ingresos Brutos (IIBB) del 2% sobre el total del viaje y distintos gravámenes; la asignación de viajes únicamente a los vehículos y conductores registrados; no despachar servicios por más de ocho horas corridas a un conductor, ni más de 12 horas fraccionadas en un mismo día; y proporcionar “toda la información veraz, necesaria y útil” para “conocer la identidad de los conductores y los recorridos efectuados por cada vehículo, los montos cobrados y cualquier otra información”, entre otros puntos.

También contempla una serie de obligaciones para los vehículos, como "tener una antigüedad máxima de tres años a partir del registro, y tener capacidad máxima para cuatro pasajeros".

En cuanto los choferes, deberán disponer de una Licencia Nacional de Conducir exigida actualmente para el servicio de taxis;  aceptar viajes despachados únicamente por las plataformas; abonar la tasa de inscripción asociada al permiso de explotación; y presentar anualmente ante la autoridad de aplicación, los certificados que acrediten que no posee antecedentes penales, entre otros puntos.