La bendición del oficialismo

“Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, y vinieron a Samuel en Rama. Y dijéronle: He aquí que tú has envejecido, y tus hijos no van por tus caminos: por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como todas las gentes”. I Samuel, capítulo 8, versículos 4 y 5.

Entre los muchos pasajes inquietantes de la Biblia, hay uno de particular actualidad política. Figura en el Primer Libro de Samuel que el pueblo judío (su Tanaj es la mayor parte del Antiguo Testamento de los cristianos) pide un rey. Esta demanda “descontentó” al profeta, quien fue el último juez de Israel. Entonces oró a Dios. “Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí, para que no reine sobre ellos”. La del Altísimo es una profunda respuesta de fe, acompañada de un mandato. “Protesta contra ellos declarándoles el derecho del rey que ha de reinar sobre ellos”.

Samuel, entonces, les traslada a los peticionantes una señera respuesta de Estado: los jóvenes serán integrados al Ejército, y cuando no haya guerra se encargarán de preparar las armas, de arar los campos y de cosecharlos. Y las mujeres devendrán perfumistas o cocineras. Y el conjunto del pueblo será siervo del rey. Y él tendrá derechos sobre las tierras y el ganado. Y “diezmará vuestas simientes y viñas”. Es decir, cobrará un diezmo sobre la producción. O sea, habrá impuestos. El pueblo, aun así, contestó: “habrá rey sobre nosotros”.

Con independencia de las lecturas de fe, el valor histórico de ese texto consiste en demostrar que desde hace varios milenios está perfectamente claro que contar con un sistema de gobierno tiene un costo económico. También queda documentado que las sociedades con cultura judeocristiana conocen acabadamente que organizar un Estado es caro. Y, finalmente, que para el pueblo está bien que así sea desde el 1.050 antes de Cristo, aproximadamente, que es cuando -hay consenso- ocurrieron los acontecimientos que narra el Primer Libro de Samuel.

Presupuestos

Tres mil años después, en la Argentina se discute oficialmente la eliminación de unas elecciones nacionales en nombre de que son muy caras. El calendario electoral previsto para este año costará unos 17.000 millones de pesos, según se ha avisado. Eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Ley 26.571) ahorraría unos 10.000 millones. Una cifra francamente modesta en el contexto del Presupuesto General de la Nación para 2021, cuyo volumen es exorbitante: $ 8.394.994.825.050. Se lee ocho billones trescientos noventa y cuatro mil millones ochocientos veinticinco mil cincuenta pesos.

Pero inclusive esta puesta en contexto del costo electoral es una trampa. La Argentina, a diferencia del pueblo de Dios, no pide una monarquía sino que goza de una democracia. Consecuentemente, en un sistema de gobierno que dice ser la representación del pueblo, no hay ningún gasto más justificado que consultar al pueblo. Cuestionar las elecciones, entonces, revela el enflaquecimiento de la democracia. O, para decirlo en términos del constitucionalista Roberto Gargarella, exhibe una democracia que ha perdido densidad.

Déficits

La generosidad de la democracia radica en que ella admite todo debate. Aun así, en este país, discutir si vale la pena o no celebrar elecciones es una querella que no resiste la mirada de la Historia. Y ya no la del Pueblo Elegido, que registra la Biblia, sino la del pueblo violado en la totalidad de sus derechos humanos, como todavía sangra el pasado de este país.

Si se cree que la democracia es costosa, habría que revisar qué pasó cuando fue abolida. Cuando se da el último golpe de Estado, en 1976, los compromisos internacionales totalizaban 8.200 millones de dólares, según el Museo de la Deuda Externa Argentina de la UBA. Cuando se recuperó la democracia en 1983, el pasivo era de 45.000 millones de dólares. Fueron 37.000 millones de dólares más y 30.000 argentinos menos. Un 450% más de endeudamiento a cambio de tener los poderes legislativos clausurados; y los poderes ejecutivos y judiciales intervenidos en todos los niveles. Huelga decirlo, no gastaron un peso en elecciones.

Dicho en términos prospectivos, en la Argentina no hay mejor gasto en democracia que el que se ejecuta para fortalecer la democracia.

Sin embargo, la suspensión de las PASO avanza. La piden los gobernadores, peronistas y radicales. Y el presidente Alberto Fernández ya habilitó el su tratamiento en el Congreso.

¿Qué está deficitando en la Argentina para que la democracia, que a este país no le costó dinero sino sangre, esté enflaqueciendo? Ninguna otra cosa sino los partidos políticos. La democracia se apoya en ellos, pero ellos se resisten a democratizarse internamente.

El PJ y la UCR reniegan hoy de las PASO como lo hizo el macrismo cuando fue gobierno, y como lo vienen haciendo los demás partidos de izquierda y de derecha desde que las primarias fueron creadas, en 2009. Los referentes de cualesquiera agrupaciones se dan abluciones reivindicando la decisión popular en las urnas para elegir a los gobernantes, pero no quieren voluntad del pueblo en las urnas a la hora de definir a los candidatos a gobernantes.

Como no consiguieron eliminarlas -todavía-, el macrismo modificó el decreto reglamentario de la Ley 26.571. Fijó que cuando las primarias definen fórmulas presidenciales, cada fuerza decidirá qué listas de parlamentarios pueden “acompañar” al binomio. Con esa desnaturalización impidieron que José Vitar, en el PJ, y el camperista Manuel Courel en Cambiemos, llevaran listas completas en las PASO de 2019. Es decir, cayeron en el absurdo de negar el kirchnerismo de Vitar y de negar el radicalismo del intendente Mariano Campero.

Paradojas

La Constitución Nacional, desde 1994, declara a los partidos “instituciones fundamentales de la democracia”. A este concepto, en 1987, lo había llenado de contenido el fallo “Ríos”. Antonio Jesús Ríos reclamó que se oficialice su candidatura a diputado en Corrientes por fuera de todo partido. Sostenía que su derecho a ser elegido no podía verse condicionado por la pertenencia a una fuerza política. La Corte de la Nación falló en contra. “En la elección de los candidatos se enfrentan dos valores: la libertad y la claridad. Si bien la multiplicidad de candidaturas respeta el primer valor, no siempre ayuda a la claridad de la elección”, sentenció Enrique Petracchi. Es decir, los partidos políticos tienen la inestimable función de clarificar la oferta electoral.

Los tucumanos conocemos el revés de la trama: con el régimen de “acoples” hay decenas de listas en los cuartos oscuros en cada elección provincial. Si no se lleva el voto preparado desde la casa, se puede terminar sufragando no por lo que uno quiere sino por lo que la suerte depare. ¿Por qué no pasa lo mismo en las votaciones nacionales? Porque de las PASO sólo pueden “pasar” los que consiguen un porcentaje mínimo (1,5%) de los votos válidos emitidos.

Pero las PASO tienen todavía una función más trascendente: democratizan la oferta de los partidos políticos porque permiten al ciudadano decidir quiénes serán los candidatos.

Si los partidos, en tanto instituciones fundamentales de la democracia, no se democratizan, ¿por qué habría de contarse con una democracia de mejor calidad en el país?

Molestias

“¿Por qué tomarse la molestia de hacer elecciones?”, es el interrogante que da título al ensayo de Adam Przeworski de 2018. El politólogo de origen polaco, que en 2016 recibió el título de Doctor Honoris Causa de la UNT, reconoce que los comicios no mejoran la distribución de la riqueza. Admite que, como normalmente el que gana se lleva alrededor del 50% de las voluntades, entonces uno de cada dos electores votó por alguien que perdió. Y en la mitad que consagró al bando victorioso, no demoran en aparecer los “decepcionados”. Con lo cual, tampoco son una instancia en la que el pueblo da instrucciones. Últimamente, además, o los comicios sientan miembros de las “elites” o a referentes del populismo.

Siendo así, ¿por qué valorar las elecciones? Przeworski consigna su virtud imprescindible: “al menos en ciertas condiciones nos permiten procesar con relativa libertad y paz civil los conflictos de la sociedad”, describe. Los comicios, en tres palabras, previenen la violencia.

La Argentina de la última década da cabal testimonio de ello. Frente al “temor” de que el país deviniese Venezuela, en 2015 el kirchnerismo fue vencido. Sin golpes de Estado. Sin guerras civiles. Y en 2019, contra el temor de “la hegemonía de los CEO”, Mauricio Macri no sobrevivió las PASO y perdió en primera vuelta. Sin asalto a la república ni muertos en las calles.

Las elecciones en la Argentina conservan la vigencia de la democracia porque ellas mismas gozan de buena salud. Son competitivas de verdad. No hay resultado cantado como en Venezuela. O Cuba. O Rusia. O China. Los que ganaron ayer son derrotados mañana. Y en materia electoral, como enseña Robert Dahl, donde hay incertidumbre hay democracia.

Agradecimientos

Si no hay PASO, los partidos políticos tampoco encontrarán paz. Y Tucumán sabe de eso también por estas horas. En el oficialismo tratan de adivinar qué lugares “escaparán” al “dedo” digitador de Cristina o de Alberto. Y en la oposición todo indica que no habrá “unión” porque ni siquiera habrá unidad en la UCR. Eso clarificó la visita del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Reunido con la senadora Silvia Elías de Pérez, con el diputado José Cano, con los legisladores José Ascárate y José María Canelada y con el interventor de la UCR, José “Lucho” Argañaraz, Morales obturó cualquier chance de un acuerdo con Fuerza Republicana, sociedad electoral a la que apuestan los intendentes Campero (Yerba Buena) y Roberto Sánchez (Concepción). “Ingenuos”, los llamó el jujeño. Si no hay PASO, en vez de unidad habrá fractura.

Si, además, “la UCR no debe ser furgón de cola” en Tucumán (como se cansó de serlo en el orden nacional, actuando como faldera del macrismo), tampoco hay muchas chances de un acuerdo con el Partido de la Justicia Social. El intendente Germán Alfaro publicó temprano en 2020 su receta: estando a cargo de la mayor estructura opositora tucumana, la Municipalidad de Tucumán, planteó: “el PJS pone el candidato a senador y no vamos con Ricardo Bussi”.

Justamente, los radicales tucumanos muestran que les gusta más el internismo que la pelea por el poder. Morales ni en las presidenciales de 2019 desplegó siquiera un atisbo de la agenda que desarrolló la semana pasada en Tucumán...

El gobierno de Juan Manzur les está más que agradecido. Porque aunque no está en la Biblia (¿cómo podría?), contar con una oposición así debe sentirse como una verdadera bendición.