10 Febrero 2021
NO SE MUEVA NADIE. Efectivos de la Policía ingresan a un domicilio para detener a “Chino” Reguedero.
Se llama Walter Mauricio Regudero, pero en el barrio lo conocen como “Chino”. Se trata de un joven de 22 años con severos problemas de adicción. Tiene un defecto físico, no puede caminar con normalidad por una golpiza que recibió años atrás. Dicen los vecinos que esa renguera fue causada cuando las personas a las que había robado lo arrojaron desde un puente. Su nombre se hizo conocido en toda la provincia después de que fuera acusado del crimen de la enfermera jubilada Susana Mansilla, pero tenía entre cuatro y cinco causas pendientes por delitos contra la propiedad. Y un grave antecedente: se burló del sistema por la falta de controles. Ahora lo buscan por todos lados.
El 29 de octubre, el sospechoso del homicidio ingresó a una vivienda de Venezuela al 300 (a ocho cuadras de la escena del crimen de anteayer) para robar un celular. Las víctimas lograron reducirlo y lo entregaron a la Policía. (Ver más detalles en la página 11). En una audiencia, el fiscal Carlos Saltor le pidió que se le dictara la prisión preventiva por 10 días. Argumentó su pedido al afirmar que el imputado estaba acusado de haber cometido hechos similares, aunque reconoció que no había recibido ninguna condena, por lo que podría entorpecer la investigación. La defensora oficial Luciana Barnes se opuso a la medida, ya que se trataba de un delito excarcelable y el sospechoso estaba dispuesto a recurrir a soluciones alternativas para cerrar el caso.
El juez Rafael Macoritto, le dio la razón y dispuso su libertad, pero antes impuso una orden de prohibición de acercamiento a la víctima; la obligatoriedad de presentarse en la seccional 5ª para controlar su situación procesal y no entorpecer la investigación. Además le llamó la atención a Regudero porque, mientras resolvía su futuro, realizó varias gesticulaciones para que Dios lo ayudara.
Ni bien terminó la audiencia, la defensora comenzó a realizar negociaciones con Saltor para que se sometiera a la suspensión de un juicio a prueba. Una figura penal que tiene las siguientes características:
- Sólo puede acceder las personas que no recibieron una condena anterior.
- El acusado acepta cumplir con ciertas condiciones para evitar ser enjuiciado durante un determinado lapso de tiempo.
- En caso de incumplimiento, se quita el beneficio y se reabre el proceso en contra del acusado que debería afrontar un juicio y recibir una condena si es hallado culpable.
La propuesta
En este caso concreto, la defensa propuso lo siguiente:
- Fijar residencia del acusado en su vivienda de Paraguay al 1.100 (a dos cuadras del lugar donde se registraría el homicidio).
- Pagar $4.000 en dos cuotas a las víctimas como resarcimiento económico por el daño causado. Se comprometió abonar la primera a partir del 20 de noviembre y la segunda, antes del 15 de este mes.
- Asistir al centro de rehabilitación Las Manos de Dios para que lo ayuden con su adicción a las drogas.
- Realizar tareas comunitarias en la Fundación Cedrón que está ubicada en el sur de la capital.
El 10 de diciembre se realizó una audiencia para tratar el tema. Los defensores Barnes y Marcos Rolfo explicaron la propuesta. El fiscal Saltor aceptó con la condición de que el plazo de cumplimiento de esta medida fuera de dos años y, recalcó sobre la importancia de que Regudero recibiese atención para recuperarse de sus probleas de adicción. Solicitó además que en caso de que la víctima no aceptara el dinero, que se hicieran las gestiones necesarias para que terminaran en una entidad de bien público. El juez Macoritto, cuya función es únicamente controlar la legalidad del acuerdo, aceptó el planteo.
El final
Ayer se confirmó que Regudero nunca cumplió con el acuerdo y que, al parecer, nadie controló que lo hiciera. Tanto el fiscal Saltor como el juez Macoritto informaron que no recibieron ninguna notificación al respecto y que de haberse enterado hubieran tomado todas las medidas necesarias para suspender el beneficio que se le otorgó.
La división Homicidios, al mando de los comisarios Diego Bernachi y Jorge Dib, realizó tres allanamientos para atrapar al sospechoso. Uno de ellos se produjo en la vivienda en la que “Chino” fijó residencia, pero no se lo encontró, por lo que violó otro de los puntos acordados.
El nuevo Código Procesal Penal establece muy claramente quién debe velar que la persona cumpla con lo acordado. Para ello se creó la Oficina de Control y de Reglas de Control, que depende exclusivamente de la Oficina de Gestión de Audiencias. Si descubren alguna irregularidad, deben anunciar a todas las partes para que se realice una audiencia y se solucione el problema.
LA GACETA intentó infructuosamente comunicarse con los responsables de ambas oficinas para que dieran a conocer por qué no se dispuso que los $4.000 fueran donados a una entidad pública (la víctima dijo que nunca le informaron sobre el resarcimiento) y por qué no comunicaron el incumplimiento de Regudero que, antes de que se cumplieran dos meses del acuerdo, fue acusado del crimen de la enfermera.
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