Los parches de un plan que no alumbra

Está confirmado. Los “unicornios” vuelan y cuando se alejan de la Argentina parece que les va mejor. Tal vez sea un relato de ficción, pero la clara muestra de que esto es realidad es la expansión de Mercado Libre. Su cofundador, Marcos Galperin, ha sido considerado como el empresario más rico de la Argentina, pese a que desde que asumió Alberto Fernández como presidente de la Nación, el empresario de la plataforma de e-commerce ha decidido instalarse, junto con su familia, en Montevideo, la capital uruguaya.

Galperin trata de despejar cualquier comentario acerca de que su decisión de irse del país haya respondido al cambio de gobierno. No obstante, su empresa había experimentado una serie de situaciones de enfrentamientos con políticos que hoy forman parte del oficialismo y hasta con los sindicatos. En ese período, el ejecutivo logró potenciar su fortuna, trepando hasta el puesto 440 del ranking global de Forbes.

La idea de expansión de Galperin no es moneda corriente en el empresariado argentino, pero sí el hecho de que el Estado se ha convertido en un fagocitador más que en un facilitador para la actividad privada. Tal ha sido la postura de Juan Manuel Vaquer, ex presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE) que, en una entrevista con LA GACETA, ha señalado que no hay incentivos para invertir porque el Estado no tiene un plan que señale el rumbo económico. A esto hay que sumarle el constante cambio de reglas. Vaquer ha sido uno de los empresarios alcanzados por el denominado impuesto a la riqueza y también por los cambios en el impuesto a las Ganancias. Los ejecutivos señalan que con tanta carga tributaria (166 impuestos nacionales y provinciales y tasas municipales) es difícil sostenerse. Lo puntualizó ayer el tesorero de la Unión de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines de Tucumán, Rubén Roldán que, temeroso de una mayor restricción por el crecimiento de la curva de contagios en la pandemia de la Covid-19, expresó que confinar a la economía significaría el punto final para los pequeños y medianos negocios. La estocada final después de un año en el que se perdió, en promedio, un 25% de los comercios vinculados a la gastronomía. Roldán, empresario de la actividad, ha puntualizado que cualquier emprendimiento de ese rubro que cuente con al menos dos empleados necesita $ 200.000 al mes para costear los gastos fijos y de personal. Una fortuna en estos tiempos.

El Estado necesita financiar el mayor gasto. Es cierto que ha contribuido, a través del programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP) para pagar salarios en medio de la pandemia, pero también ha sostenido la mochila tributaria un año más. El Consenso Fiscal había establecido una reducción gradual de alícuotas que este año no sucederá; por el contrario, se ampliará. Hay banqueros que apuntan que no resulta negocio vender dinero (otorgar préstamos) en algunos municipios, debido al reajuste de algunas alícuotas que encarecieron la actividad financiera.

El Gobierno ha decidido ponerles plata en el bolsillo a los empleados de la cuarta categoría, con la exención del pago del impuesto a las Ganancias. Es una medida que tiende a impulsar el consumo, uno de los motores que suelen prenderse cada vez que hay elecciones. Lo lógico sería que no acelere el ritmo de la maquinita de imprimir billetes, en un período en el que la inflación será parecida al pandémico 2020 o tal vez roce el 50%, con salarios que crecerán a un ritmo no mayor al 33%, en promedio.

Para mitigar estas cuestiones, el Gobierno apela a los tradicionales parches. A raíz de las quejas de diversos sectores del comercio y la producción, la Casa Rosada modificó el proyecto sobre Ganancias de las empresas, una medida que implicará que cerca de un 90% de las compañías abonará 25% por ese impuesto. El restante 10%, consideradas como grandes y que cuentan con un mayor nivel de facturación abonará el 35%. Los cambios fueron resueltos tras una reunión del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Economía, Martín Guzmán y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, junto con los demás integrantes del gabinete económico y legisladores. Este tipo de medidas debería ser parte de la agenda del Consejo Económico y Social. “Vamos a definir qué país queremos, cómo lo construimos y qué compromisos asumimos para lograrlo. Nos estamos sentando a discutir el presente y a diseñar el futuro. Solo depende de nosotros”, dijo el Presidente al anunciar su creación, en febrero pasado. Vaquer tiene otra percepción, tal vez la más difundida dentro del sector privado. “No podemos tener una conversación seria e integral sobre política y economía sin tener presente la pobreza estructural”, definió a nuestro diario. Ese era el prólogo para plantearles a los gobernantes que también hagan un aporte extraordinario y solidario, de tal manera de bajar ese 42% de pobres en la Argentina, con medidas transparentes y con un plan de Gobierno que active el ingreso genuino de capitales. Sólo así podrá recrearse un escenario más virtuoso, centrado en la generación de empleos. “No juzgo a los que se fueron, pero sí tenemos que reaccionar los que nos quedamos, para que este éxodo no ocurra más”, interpeló el empresario y abogado.

La Argentina se acostumbró a vivir en crisis y en emergencia. Por eso, el crecimiento sostenido, con el que se bajarán los índices socioeconómicos, suena utópico. El camino a recorrer es claro: la convocatoria real para que los sectores público y privado encuentren una salida al país, que no sea Ezeiza ni el puerto de Buenos Aires.