Por Daniel Salvador
13 Abril 2021
“FUIMOS ESTAFADOS”. Es lo que dijo Daniel Alperovich, respecto del caso que involucró al senador Alperovich.
El giro de la investigación que lleva adelante la Justicia santiagueña por un faltante de ganado (4.500 vacunos), denominado el “robo del siglo”, denunciado por una firma porteña con explotaciones en el interior, involucró sorpresivamente al senador por Tucumán, José Alperovich, quien se encuentra en uso de licencia.
Sucedió a fines de la semana pasada, durante el allanamiento en el establecimiento de campo “La Galesa”, en la localidad de Pozo Hondo, Santiago del Estero, propiedad de la familia del ex gobernador de Tucumán. Allí fueron hallados unos 200 ejemplares de vacunos pertenecientes a las sociedades porteñas damnificadas que habían tramitado la denuncia por el robo.
Al respecto, durante el breve contacto con LA GACETA, el socio-gerente de La Galesa SRL, Daniel Alperovich, explicó que fueron estafados por Luis Magliano (hoy detenido), dueño de la concursada firma Oleos del Centro SA (ODC), que tenía a su cargo el hospedaje y engorde de la hacienda depositada por las firmas San Eugenio SA, el Tránsito SA, el 38 SA y La Permanencia SA en las localidades santiagueñas de Weisburd y Campo Gallo.
Agregó que se encontraba ayer en la vecina provincia ultimando detalles y pruebas para concretar hoy la denuncia penal contra Magliano, con quien tenían un vínculo comercial. “Nos pagó una deuda con ganado”, afirmó.
Documentación
El hijo del ex gobernador remarcó que “todo está registrado por el Senasa”. “Evidentemente fuimos estafados. La fiscala que lleva adelante la causa nos refirió que presuntamente ese ganado que recibimos no era de propiedad de Magliano. Ahora los animales están en depósito judicial, hasta tanto se determine quienes son sus propietarios”, precisó.
En cuanto a las acciones judiciales que gestiona, indicó que terminaron de recolectar toda la documentación para aportarla hoy a la Justicia, junto con la denuncia criminal contra Magliano por estafa.
Cabe señalar que las fiscalas a cargo de la causa, Mariela Bittar de Pappa y Victoria Sottini, no imputaron a los responsables de La Galesa, que ya habrían presentado su descargo. La causa es por presunta asociación ilícita, que se apropió ilegítimamente de la hacienda de terceros en una maniobra millonaria -se estima en $ 150 millones- que, por la pandemia, no tuvo auditorías ni otros controles.
Los trámites
Durante la semana pasada, la Justicia santiagueña ordenó varios allanamientos en campos ganaderos de Santiago del Estero y de Santa Fe. Los agentes judiciales y policiales realizaron los procedimientos sin resultados positivos en los establecimientos donde figuraba el paso de parte de la hacienda buscada a partir de la lectura de guías de transporte de hacienda que son exigidas por las autoridades sanitarias, que estaban firmadas por el hijo de Magliano para varios destinos.
Con idéntico resultado se verificaron otros campos ganaderos en Salta. Y el sábado pasado, en el establecimiento de la familia Alperovich, se constató en esa revisión que en los corrales había unas 200 cabezas de hacienda vacuna que pertenecerían a las sociedades damnificadas que denunciaron el robo.
Según fuentes allegadas a la investigación, se prevén más operativos ante la presunción que habría más hacienda por identificar y que podrían pertenecer a las firmas damnificadas por Magliano.
Grave denuncia
Casi al cierre de la edición, LA GACETA pudo comunicarse telefónicamente con el doctor César Turk, abogado de la querella, quien ratificó que son cuatro las sociedades anónimas damnificadas, y 4.500 las cabezas de ganado que fueron robadas y no 3.500 como se decía al principio.
Precisó que el fiscal general del Ministerio Público santiagueño, Luis de la Rúa, retrasó tres semanas y medias el trámite, hasta que renunció la fiscala designada para el caso, María Alejandra Holgado. Apunta que la recusó por haberla denunciado por encubrimiento y lavado de activos, y por carecer de imparcialidad con uno de sus clientes.
El ex juez de Instrucción cuestionó que De la Rúa insistiera con la designación “pensado que no íbamos a cuestionarla si ella hacía ‘un buen papel’ en el caso de los animales”.
En cuanto al caso en sí, precisó que los animales que se recuperaron de La Galesa tenían la marca a fuego de la firma San Eugenio y otros ejemplares una sobremarca para disimularlo.
“Magliano reconoce el delito en los audios que presentamos como prueba, pero no involucra a nadie. Seguramente pactó el silencio”, remarcó.
Explicó que está imputado por “abigeato calificado en concurso real, con desbaratamiento de los derechos acordados en concurso ideal (esta figura no es excarcelable), y que pidió, como querellante, que se incorpore en la causa la figura de la asociación ilícita, “ya que necesitó también la complicidad del Senasa y de la Policía provincial para trasladar los animales en unos 200 camiones”, concluyó.
Querella: “Sabían de qué hacienda se trataba”
El abogado de la querella, César Turk, dejó entrever a LA GACETA que “quienes les compraron los animales a Luis Magliano sabían de qué hacienda se trataba”. “En los audios confiesa su autoría y no se le puede creer que no sabía a quien le vendía, ya que se trata de una persona que fue presidente de la Sociedad Rural de Jesús María (renunció en enero pasado)”, aseguró. Cuando el caso tomó estado público, Magliano declaró que había iniciado un concurso de acreedores porque su empresa se encontraba en una situación financiera de quebranto.
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