24 Abril 2021
EX COMISIONADO RURAL. Raúl Aragón supervisa una obra durante su gestión, que finalizó en 2019. Foto: Facebook
El Tribunal de Cuentas (TC) de Tucumán ha resuelto que un ex comisionado rural deberá afrontar el pago de $ 3,4 millones al erario por no haber presentado las rendiciones en tiempo y forma durante su gestión.
A través del acuerdo 1.147/2021, dictado esta semana, el órgano de control dispuso la clausura del juicio de cuentas iniciado en 2017 contra Enrique Raúl Aragón, ex delegado de Santa Cruz y La Tuna (departamento Simoca), y declaró patrimonialmente responsable al dirigente peronista por la falta de rendición de gastos correspondientes a balances bimestrales de los ejercicios 2014 y 2015.
El TC, con las firmas de Miguel Terraf (presidente) y Marcelo Vidal (vocal), dio intervención al Departamento Judicial para que, a través del abogado fiscal Marcelo Rodrigo Terrera, se "perciba y en su caso ejecute el cargo fiscal impuesto" contra Aragón. Además, se consignó que el monto "deberá ser actualizado hasta la fecha de su efectivo pago".
En diciembre de 2017, el ente de contralor había abierto un expediente con un juicio de cuentas en contra de Aragón "por la falta de rendición del saldo pendiente de regularizar de los Comprobantes de Observación 3711/16, 2897/16 y 4035/16, correspondientes a los balances bimestrales 6°/2014, 2°/2015 y 5°/2015, por la suma de $ 3.465.285".
Según el acuerdo 1.147/2021, Aragón no compareció a las citaciones de los contadores fiscales en 2019, por lo que se lo declaró en rebeldía.
"Considerando que el inculpado en autos no han desvirtuado con prueba alguna el cuadro imputacional emanado de este Tribunal, al no regularizar los comprobantes de observación, ni aportar instrumental alguna a tales fines, se estima del caso concluir el presente juicio de cuentas y declarar patrimonialmente responsable a Enrique Raúl Aragón", dispuso el Tribunal de Cuentas.
COMUNA DE SANTA CRUZ Y LA TUNA. (Captura de Video)
¿Qué es un juicio de cuentas?
Se trata de uno de los trámites administrativos y contables previstos por la normativa vigente en los cuales "se les asegura a los presuntos responsables el debido proceso legal y el derecho de defensa", según el sitio del TC.
En concreto, el juicio de cuentas está dado "por falta o irregular presentación de una Rendición de Cuentas". "Se realiza sobre el responsable identificado previo sumario de cuentas, el cual se realiza sobre la repartición, para poder identificar los presuntos responsables", explica la web oficial.
En caso de que se constate perjuicio patrimonial al erario, "se aplica un cargo fiscal monetario, que en el caso de ser incumplido el Tribunal de Cuentas tiene la facultad de ejecutar un juicio de apremio ante el Poder Judicial".
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