15 Mayo 2021
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El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, presentará ante el Consejo Económico y Social (CES) un proyecto de ley para dar un marco regulatorio y fomentar la industria del cannabis medicinal en la Argentina.
La iniciativa será presentada el 24 de mayo ante consejeros, legisladores que vienen trabajando el tema, académicos, gobernadores y representantes del sector.
Se busca establecer un marco de regulación para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal e incentivar el desarrollo de pymes y cooperativas. Tras la presentación en el CES, la iniciativa puede ser enviada al Congreso para su debate.
Este proyecto es independiente de la ley 27.350 de Uso Medicinal del Cannabis que legalizó al autocultivo con ese fin. La ley reglamentada el 12 de noviembre del año pasado estableció un registro específico para quienes que cultivan cannabis para fines medicinales, terapéuticos y/o paliativos. El Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) está a cargo del Ministerio de Salud. Además, la ley garantiza la provisión para pacientes, fomenta la investigación y autoriza la producción pública y privada de aceite y otros derivados.
Según el Ministerio de Desarrollo Productivo, la cadena de valor del cannabis incluye una serie de procesos y actores que van desde el desarrollo de insumos críticos (genética en semillas, fitosanitarios, equipamientos, etc), pasando por la producción propiamente agrícola –la cual puede ser del tipo indoor, en greenhouses o outdoor– seguida de la cosecha, hasta la transformación de la biomasa según los usos que se le quiera dar, por ejemplo, medicinal, recreativo o industrial.
“Las oportunidades de expansión para esta industria no se limitan al mercado medicinal y recreacional”, indica el estudio. En la actualidad, el cannabis puede ser utilizado con fines industriales y en horticultura, para fabricar diversos derivados (fibras, cosméticos, papel, materiales para la construcción, etc.), así como alimentos, bebidas e infusiones. Se trata de un mercado con un potencial de U$S450 millones anuales, según un estudio del Consejo para el Cambio Estructural (CCE) de la cartera productiva.
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