06 Junio 2021
POSTURA. Patricio Char.
“La sociedad debe saber que sí se puede autocultivar hasta nueve plantas de marihuana en el hogar. Solo se necesita un simple permiso del Registro del Programa Cannabis y la prescripción médica pertinente”, aseguró el penalista Patricio Char.
El profesional, que asesora legalmente a varias agrupaciones que consumen flores de marihuana y otros derivados de la planta con fines medicinales y terapéuticos, sostuvo que la tendencia a nivel mundial es la legalización.
“El modelo uruguayo es el ejemplo a seguir. Las autoridades del vecino país legalizaron y controlaron la comercialización. Una persona se inscribe en un registro y puede adquirir una determinada cantidad por mes en un local comercial habilitado”, comentó el abogado que defiende a los hermanos Santiago y Mariano Hayward, acusados del crimen de Darío Esteban Brito Chía.
“Esta medida no sólo hizo desaparecer la criminalidad organizada, sino que en Uruguay no existen delitos que nazcan desde esa planta. Los precios son bajos y accesibles para todos los ciudadanos que se registren”, indicó Char.
El profesional señaló además que la política criminal prohibicionista del cannabis lleva 40 años seguidos de fracaso en su lucha en el mundo, y su ilegalidad genera más violencia. “Por el mercado negro de las flores se ha notado un incremento de delitos. Esto tiene que ver con una situación muy particular. Hay personas que, amparadas en la ilegalidad, realizan un negocio mucho más lucrativo”, comentó.
“La Organización Mundial de la Salud eliminó el cannabis como un estupefaciente peligroso y en nuestro país es considerado como producto medicinal, como ocurre en diferentes partes del mundo. Ahora, la gran pregunta es la siguiente: ¿por qué se la sigue criminalizando?”, señaló Char en la entrevista con LA GACETA. “Todos sabemos que se la consume en cremas, aceites y que se fuma. Vi como venden estos productos en las calles, en los centros de compras y hasta en las oficinas públicas”, destacó.
El abogado insistió que esta discusión está generando verdaderos problemas en el Estado. “Se lo sigue persiguiendo al consumidor. Se los detiene y se les inicia una causa en la que luego será sobreseído porque se están vulnerando derechos constitucionales de los ciudadanos. En resumen, se pierde el tiempo y se malgastan recursos”, concluyó.
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