Saqueo electoral del Presupuesto

Una serie de eslabones fueron enganchándose para configurar una cadena  dispendiosa de los dineros públicos. Se urdieron mecanismos desde los poderes enmascarados con denominaciones y justificativos que no lo son, en rigor. Todo arranca con la sanción de la Ley de Presupuesto 9.138 del 11 de diciembre de 2018 para el año 2019.

El presupuesto que aprueba la Legislatura tiene un informe de minoría que centra su mirada en una cuestión de verdadera importancia. Se avecinaba el año electoral 2019 con elecciones generales provinciales y nacionales. José María Canelada, titular del bloque de la Unión Cívica Radical, precisa en una frase como miembro informante de la minoría: “Más que estar pensado para las necesidades de los tucumanos, está pensado como una herramienta electoral para 2019”, Y da precisiones numéricas que escandalizan: para el área de Comunicación y Publicidad, se le asigna para el año 2019 la suma de $ 412 millones. Y compara: para la Secretaría de Prevención de Adicciones sólo $ 40 millones.

Desde el  Poder Judicial mediante dos sentencias (la segunda respecto de una aclaratoria interpuesta) se hizo lugar al amparo presentado por el Partido Frente Renovador  respecto de la inconstitucionalidad del inciso 6 del artículo 43 de la carta provincial  y se pronunció en igual sentido por una aclaratoria respecto del artículo 100. De esa manera el PE provincial emitió el decreto 415/2 (que lo tenía ya preparado, de diez fojas) el día 22 de febrero de 2019 convocando elecciones para el 9 de junio de ese año.  La Justicia estaba habilitando el adelanto de los comicios provinciales.

Apenas 79 días después

La vigencia del presupuesto de 2019 es desde el primer día del año. Se supone, naturalmente, y por el receso de verano, que del presupuesto de $ 412 millones se ha utilizado en esos 79 días sólo un porcentaje menor al que proporcionalmente hubiera correspondido a otros meses de actividad plena. Sin embargo, ya cercanos (108 días) los comicios, el PE dicta un decreto asignando a la Secretaría de Estado de Comunicación Pública (que ya tenía un presupuesto abultado para 2019) nada menos que $ 350 millones. Con sólo leer el texto del decreto se llega a la conclusión de que el laberinto (no borgeano) burocrático del que se vale el poder para no decir nada escribiendo mucho y en el lenguaje críptico más kafkiana que se pueda imaginar, es una herramienta ofensiva en un estado de derecho. A un contador amigo que alguna vez cumpliera funciones de relevancia en la Dirección General de Rentas  de la Provincia, le facilité copia del decreto pidiéndole su opinión. “La verdad, no se entiende”, me dijo.

En ese tiempo reelectoral no había pared o espacio suficiente en la capital y otras ciudades y pueblos de  la provincia en donde no ocupara a sus anchas costosas gigantografías del Gobierno. Con mensajes de política de estado sobre seguridad, salud y otras áreas y siempre con la imagen del gobernador en gran tamaño. Claro, era uno de los “gastos” que se atendían con el doble presupuesto: el que votó  la Legislatura en diciembre de 2018 ($412 millones) y el que dispuso el PE en diciembre de 2018 ($350 millones).

Ni hace falta preguntarle a Don Perogrullo sobre cómo se distribuyó  los $ 762 millones de esa Secretaria de Estado de Comunicación Pública. Mejor sería que se llamara y ejerciera como Secretaría de Información Pública. La “comunicación” es voluntad del que comunica (lo que quiere, lo que conviene, etc.). En cambio la “Información Pública” es lo que realmente ocurre u ocurrió, es información que necesita conocer la ciudadanía y que se encuentra (no toda) en los medios periodísticos.

Sería bueno estar atentos a los decretos de reasignación de partidas, como ocurrió en 2019, en este año electoral. Estar vigilantes es una cuestión de ejercicio de la ciudadanía frente a las corruptas  manipulaciones del poder.