La diputada Lidia Áscarate, junto a su par Gustavo Menna, presentaron en el Congreso un proyecto para conceder una amnistía general en favor de todas las personas con causas penales por hechos vinculados al quebrantamiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio, impuesto por DNU por el presidente Alberto Fernández.
La presentación de esta iniciativa se dio días después de que se filtraran las fotos del presidente junto a 11 personas en el cumpleaños de Fabiola Yañez, sin distanciamiento ni uso de tapabocas, violando todas las normas restrictivas emitidas en el marco de la pandemia por el jefe de Estado.
La amnistía general que dispone esta ley no alcanza a:
a) las causas penales en las que el imputado de la comisión del delito resulte ser un funcionario público federal, provincial o municipal.
b) las causas penales en las que el hecho imputado consista en reuniones de personas en lugares cerrados o abiertos en violación a las normas ASPO y DISPO.
c) las causas penales en las que el hecho imputado sea el quebrantamiento de una medida de aislamiento o cuarentena por contagio, contacto estrecho, arribo de viaje desde el exterior o desde otro lugar del país respecto de los cuales se hubiese dispuesta tal medida preventiva.
“A raíz del aislamiento decretado, se iniciaron miles de causas penales en todo el país, lo que implicó situaciones de angustia para miles personas, gastos de defensa y secuestro de vehículos muchos de los cuales aún no han sido restituidos a sus dueños. Esa persecución penal no discriminó entre aquellos hechos que implicaban situaciones confusas de circulación por la vía pública a pie o en auto, de otras más graves vinculadas a reuniones o fiestas clandestinas o quebrantamiento de cuarentenas específicas” señaló la diputada.
Además, agregó que "estas normas dieron lugar a situaciones de violencia institucional sumamente graves, que en algunos casos implicaron la pérdida de vidas humanas en circunstancias no esclarecidas al día de la fecha como lo son los de Luis Espinoza, Walter Nadal, Facundo Astudillo Castro, entre muchos otros".
La diputada de Juntos por el Cambio se refirió puntualmente a lo acontecido en Olivos: “el hecho de que la máxima autoridad del país y órgano emisor de tan severas restricciones fuera uno de los que las transgredió no solo se contrapone con el principio de igualdad ante la ley, sino que además pone en jaque la propia legitimidad que tienen las autoridades públicas para imponerles a los demás el cumplimiento de esas mismas normas.”
“No es justo que miles de personas estén expuestas a la persecución penal e incluso a la aplicación de una sanción luego de que quedará admitido que el funcionario público que aprobó esas reglas de conducta por decreto, fue el primero en incumplirlas", sentenció.