18 Agosto 2021
GERMÁN ALFARO. Intendente de la Capital (Foto de Archivo)
El intendente de San Miguel de Tucumán Germán Alfaro (PJS) fue objeto de una denuncia penal por haberse negado a una auditoría del Tribunal de Cuentas (TC) efectuada hace cuatro años atrás para determinar el destino dado a unos $ 122 millones enviados por la Nación para la obra de la peatonal "Isauro Martínez" y la ejecución de viviendas por el programa "Techo Digno".
El ciudadano de Yerba Buena, Sebastián Alfredo Luna, formuló el planteo contra el precandidato a senador nacional por Juntos para Construir (Juntos por el Cambio) ante la Justicia Federal.
El denunciante solicitó que se investigue la posible comisión de los delitos de "defraudación por retención indebida, defraudación por administración fraudulenta y violación a los deberes de funcionario público".
La presentación recuerda que, en diciembre de 2016, la Sindicatura General de la Nación (Sigen) solicitó al Tribunal de Cuentas de la Provincia (TC) la puesta en marcha de una serie de auditorías en los municipios de Tucumán, en el marco de un acuerdo entre ambos entes celebrado en 2014.
La denuncia detalla que, a lo largo de 2017, el TC solicitó documentación a Alfaro sobre las obras ejecutadas en el marco de los programas "Techo Digno" (20 viviendas), "Mejor Vivir II" (20 viviendas); de la remodelación de la peatonal "Isauro Martínez"; y de la aplicación del plan "Argentina Trabaja".
Luna apuntó que Alfaro, en sus respuestas oficiales, rechazó "la intervención y las facultades del Tribunal de Cuentas de la Provincia" para realizar el informe contable requerido por la Sigen. "Puede observarse que la actitud del intendente es claramente intentar eludir el contralor del TC", sostuvo el ciudadano.
Y remarcó que "ante el silencio del denunciado, el TC debió dar por finalizada la labor encomendada por la Sigen, no pudiéndose llevar a cabo la auditoría".
En ese sentido, el autor del planteo sostuvo que "el silencio del intendente y sus claras evasivas nunca permitieron conocer el destino dado a $ 122 millones".
"(Alfaro) se limitó a responder que se trataba de una 'maniobra política' (...). Pero lo cierto es que, hasta el día de la fecha, los tucumanos no sabemos dónde y cuándo fueron imputados, a qué obras o programas se dirigieron los fondos nacionales", apuntó Luna.
A modo de prueba, el ciudadano aportó copias de los acuerdos del TC y de otra documentación relacionada con los pedidos de informes. Además, requirió que se soliciten distintos datos vinculados a la operatoria.
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