30 Agosto 2021
A LA JUSTICIA. Ricardo Ascárate denunció a Manzur LA GACETA / ARCHIVO.
El legislador José Ricardo Ascárate (Unión Cívica Radical -UCR-) denunció penalmente al gobernador, Juan Manzur, por la presunta compra de voluntades durante un acto que se realizó en Trancas, en el marco de la campaña para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que se desarrollarán el 12 del mes que viene.
“Lo de Manzur es despreciable, su malicia no tiene límites. Juega hasta el fondo con las necesidades de la gente al ofrecerles contratos del Estado a cambio de votos. Se mete con la dignidad de la gente y eso es imperdonable” sentenció el legislador radical.
En aquel encuentro proselitista, el mandatario había contado a los asistentes un diálogo que había mantenido previo al acto con el intendente de esa ciudad, Roberto Moreno. "Cuando venía para acá le digo '¿cómo estamos, compañero; cómo venimos, Robertito?' 'Bien, gobernador; quédese tranquilo, vamos a andar bien. Solo que a algunos compañeros los aprietan; a algunos compañeros les dicen que les van a quitar los contratos'. 'No se preocupe compañero. ¿Le hacen falta contratos? Yo les voy a dar los contratos que hagan falta para Trancas. Yo me comprometo a darles todos los contratos que quieran", había prometido Manzur, en medio de aplausos.
“Asistir con contratos del Estado para comprometer a los votantes en las elecciones configura un delito por incumplimiento a los establecido en el Código Nacional Electoral”, indicó Ascárate.
El radical, encolumnado detrás del diputado José Cano, aludió también a la entrega de subsidios, por parte del Gobierno. “Primero se entregaron en el Hipódromo subsidios, debiendo hacer entrega del DNI y Carta de Pobreza para poder percibir $5.000 durante un período de tres meses hasta las elecciones generales de noviembre. Y después públicamente el gobernador sale a ofrecer contratos para influenciar de manera ilegítima al electorado” reprochó Ascárate.
Indicó que, más allá de la cuestión moral, que consideró vergonzosa, consideró que la conducta del gobernador implica un delito que afecta tanto a las arcas del Estado, como la legitimidad del proceso electoral: "se trata de una afrenta contra nuestro sistema democrático y republicano”.
“Ponerle un precio a la dignidad de las personas es llegar a los límites más despreciables de la política. Y aunque usted esté acostumbrado a comprar voluntades, subestimar a un pueblo entero tiene su costo que ni comprando a la Justicia entera va a poder evitar pagarlo”, cerró Ascárate.
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