Denuncia por la entrega de subsidios en La Florida

El apoderado de Todos por Tucumán hizo una denuncia penal para que la Justicia Federal investigue la entrega de subsidios en La Florida

LARGAS FILAS. Durante la mañana hubo más de 500 metros de hileras de gente para poder cobrar la ayuda. LARGAS FILAS. Durante la mañana hubo más de 500 metros de hileras de gente para poder cobrar la ayuda.

La Justicia Federal deberá investigar la entrega de subsidios de $5.000 que el Gobierno realizó ayer en la sede de la Comuna de La Florida, en plena veda electoral. El jaldismo presentó una denuncia penal por la presunta violación de los artículos 139 (inciso b) del Código Electoral Nacional (CEN) -compeler a un elector a votar de manera determinada- y 140 -inducción con engaño-. El primer delito prevé un pena de prisión de uno a tres años, y el segundo “prisión de dos meses a dos años al que con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse”.

La presentación fue realizada por Eduardo Alberto Moussa, apoderado de la lista “Todos por Tucumán” (Frente de Todos), ante el fiscal Federal N° 1 -con competencia electoral- Carlos Brito. En el escrito, al que tuvo acceso LA GACETA, el letrado denunció al gobernador Juan Manzur; el comisionado de esa comunidad, Arturo “Chicho” Soria; y contra el interventor de la Caja Popular de Ahorros (CPA), José Díaz, por presunta “compra de voluntades” y “violación de la veda electoral”.

En los argumentos de la denuncia, Moussa resaltó que el pago del subsidio a cientos de personas tomó estado público a través de LA GACETA, y que ello fue ratificado por Soria en una entrevista con LG PLAY. “Expresó que ese pago ‘correspondía a un subsidio otorgado por el Gobierno de la Provincia no sólo a pobladores de su comuna, sino que era para habitantes de otras localidades’, mencionando a pobladores de Alderetes”, señaló. Agregó que, de las declaraciones del comisionado, se desprende que las autoridades de la Caja Popular también habrían incurrido en un delito al solicitar el espacio físico de la Comuna para el pago.

Moussa dijo que “esta conducta violatoria del CEN se realizó en forma sistemática de dependencias de casa central de CPA, donde se forman grandes filas de personas a la espera del cobro de $5.000”. Y concluyó: “no quedan dudas del ardid llevado a cabo por estos funcionarios para burlar la voluntad popular, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad y de necesidad de algunos sufragantes”.

Pasos a seguir

El secretario electoral, Rogelio Rodríguez del Busto indicó a este diario que la única denuncia que ingresó ayer fue la realizada por el apoderado de la lista que integra el vicegobernador Osvaldo Jaldo. Adelantó que la presentación seguramente llegará a manos del juez federal Fernando Poviña para iniciar una investigación preliminar. “Ahí se verá qué medidas se toman”, explicó.

En diálogo con LG PLAY, Soria aseguró que hace cinco días que reparten las ayudas que fueron gestionadas por los 12 delegados comunales de Cruz Alta y algunos concejales de Alderetes ante el ministro del Interior, Miguel Acevedo, por la difícil situación económica de la gente. Agregó que los beneficiarios debían presentar un certificado de pobreza y una copia del DNI para acceder (ver aparte). Rechazó que el reparto de subsidios haya sido discrecional y afirmó que se dio a los necesitados.

La esposa de Soria, Irma Inés Gramajo, es primera precandidata suplente a diputada por la lista “Lealtad Peronista”. El comisionado de La Florida, sin embargo, desechó que la entrega de las ayudas esté vinculada a los comicios de mañana. “No he pensado en eso, en que hay una elección muy cerca, para darle ayuda a la gente”, expresó.

Tensiones en el este

El sector este de la provincia fue el campo de batalla de las pulseadas políticas más fuertes de la interna oficialista. No es casualidad, dado que en Cruz Alta -departamento ampliamente peronista- residen 164.000 de los 1,2 millón de electores habilitados para votar mañana. Además, de esa zona son los intendentes que respaldan a Jaldo: Darío Monteros (Banda del Río Salí) y Aldo Salomón (Alderetes).

A través de Twitter, Monteros repudió lo ocurrido en La Florida. “Esto no es peronismo. Nuestro movimiento busca la dignidad de los pueblos, no tener sometida a la gente a la dádiva de algunos oportunistas. Quienes promueven estos planes sólo buscan atornillarse a cargos”, dijo.

Su hijo, el legislador Gonzalo Monteros, también salió con los tapones de punta. “Este es el Tucumán que no queremos. A esto llegó Juan con tal de ganar una interna. A dos días de las elecciones es notoria la intención de comprar voluntades”, expresó con un video con las largas filas.

Casa de Gobierno: “el otorgamiento de subsidios tiene carácter habitual”

La Casa de Gobierno emitió anoche un breve comunicado en el que explicó que “el otorgamiento de subsidios por la Secretaría General de la Gobernación tiene carácter habitual y permanente durante todos los meses del año, en razón de tratarse de una prestación pública de carácter asistencial orientado al logro de metas sociales, para cubrir necesidades básicas y urgentes a partir del pedido de los interesados”. Se resaltó que el otorgamiento de los subsidios de este tipo está contemplado en el Decreto 125/1 del año 2000 con sus modificaciones. Las ayudas pueden ser de hasta $10.000.

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