Las urnas dejan malherido al plan judicial oficialista

Las primarias empujaron al borde del abismo a la pretensión del Gobierno de Alberto Fernández de reformar el Poder Judicial de la Nación. Si el resultado no es revertido en noviembre, el oficialismo no sólo tendrá que despedirse de proyectos de ley controvertidos como el que licúa el poder de los Tribunales Federales porteños conocidos como Comodoro Py, sino que incluso se expone a enfrentar dificultades para cubrir vacantes en los organismos que intervienen en el sistema de justicia. Este freno forma parte del núcleo de la propuesta opositora, que de hecho mantiene bloqueado el debate en la Cámara de Diputados de reformas institucionales controvertidas aprobadas en el Senado. Fuera del terreno de las remodelaciones, de las designaciones y de las destituciones, el eventual afianzamiento del nuevo orden político podría incluso repercutir en un relanzamiento de las denuncias de corrupción.

El escrutinio provisorio del 12 de septiembre, que verificó derrotas para la coalición peronista gobernante en 17 de las 24 provincias, proyecta como mínimo que el funcionamiento de la Cámara Baja se mantendrá como en el primer bienio de la presidencia de Fernández. Por la falta de quorum propio, el órgano que preside Sergio Massa sólo pudo tratar y votar las cuestiones que gozaban de cierto consenso entre los espacios representados en el recinto. Este equilibrio impidió que el oficialismo sancionara la norma que reparte en 46 unidades el poder que ejercen los 12 juzgados de Comodoro Py, que son los que procesan los expedientes más sensibles para la política. A continuación, la oposición se abstuvo de dar quorum para votar la iniciativa que alivia la mayoría de dos tercios vigente para nombrar a la cabeza de la Procuración del Tesoro de la Nación. Ambas propuestas pasaron ya por el Senado, donde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dispone en su bancada de votos suficientes para sesionar.

Basta con mantener el statu quo en Diputados para frustrar una de las políticas en las que mayor empeño puso el Presidente, quien reivindica su condición de profesor de derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y que llegó a convocar un comité de expertos para recibir propuestas rebautizado como “Comisión Beraldi” porque entre sus integrantes estaba el abogado defensor de la vicepresidenta, Carlos Beraldi. Los miembros de ese cuerpo ad hoc avalaron, por ejemplo, la creación de un tribunal que filtre los casos sometidos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con argumentos de arbitrariedad. Esta y otras conclusiones de la comisión suponen “una amenaza para la Justicia”, según un estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio L. Gioja” de la UBA.

Menem lo hizo

Los proyectos de remodelación del sistema judicial llevaron a la oposición a declarar que existía “un plan de impunidad” para librar a Fernández de Kirchner y a sus familiares de los procesos penales atinentes a la época en la que aquella ocupaba la Casa Rosada, y para erosionar la independencia judicial. El oficialismo sostiene desde que volvió al poder que los opositores orquestaron un programa de “lawfare” para criminalizar, con la participación de ciertos órganos de prensa y de jueces, a las figuras del kirchnerismo.

La pérdida de votos anticipa un debilitamiento de la capacidad del Gobierno para dejar su impronta en la Justicia, misión que debía desplegar el ministro Martín Soria, uno de los denunciadores del “lawfare”. Si se corrobora o agrava el resultado de septiembre, el Frente de Todos incluso podría quedarse sin quorum en el Senado. Esta situación extremaría la necesidad de acordar el temario con las minorías, e hipotéticamente posee virtualidad para incidir en las votaciones de los acuerdos a las designaciones de jueces, fiscales y defensores de la Nación firmadas por el Presidente.

El escenario tiene como antecedente lo que sucedió en la administración anterior, donde Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio) no disponía de escaños para proceder según su voluntad. En la primera parte de aquella gestión, el peronismo negoció las coberturas con el oficialismo. Pero, tras la debacle económica de 2018, se negó a tratar los pliegos enviados por el ex presidente Mauricio Macri. Cuando Fernández asumió, lo primero que hizo fue retirar esos nombramientos, donde había seis para la Justicia Federal de Tucumán.

En la fase inicial del mandato 2015-2019, el hoy Frente de Todos dio su consentimiento para lograr los dos tercios que requerían los nombramientos de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como ministros de la Corte. No hubo, en cambio, apoyo para llenar el cargo de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó. Desde 2016, Eduardo Casal desempeña la jefatura del Ministerio Público Fiscal de la Nación de manera interina.

El revés electoral podría tener como contrapartida la recuperación de la propuesta del Presidente de designar al juez de Comodoro Py, Daniel Rafecas, en el ex puesto de Gils Carbó. Rafecas era resistido por algunos sectores opositores, pero luego hubo una reconsideración del rechazo cuando el kirchnerismo optó por promover una reforma de la ley que demanda los dos tercios del Senado para aprobar este nombramiento. Ese proyecto inmovilizado en Diputados también reduce a cinco años el mandato del titular de la Procuración.

Las primarias preanuncian, por lo pronto, que habrá mayor necesidad de pactar para sacar adelante las decisiones con altísimo impacto en la división de poderes y que, de lo contrario, los bloqueos se intensificarán. Existe un consenso generalizado de que la Justicia no funciona bien, pero ese diagnóstico no fue capaz de generar soluciones que fortalezcan la institucionalidad. Uno de los problemas más evidentes es la partidización de los Tribunales, inclinación que aparece en el procesamiento de los expedientes que involucran a funcionarios públicos según los designios de la mayoría de turno y que confirió a los fueros legislativos un papel preponderante, como lo acredita la historia del ex senador y ex presidente fallecido Carlos Menem. Son estos giros y distorsiones los que alimentan la probabilidad de que el Gobierno de Fernández enfrente -también- una Justicia menos amigable a partir de noviembre.