07 Octubre 2021
DATOS OFICIALES. Un 40% de los presos en Ecuador no cuenta con condena.
Ecuador mantiene en sus cárceles a unos 15.000 detenidos sin condena, una cifra que representa alrededor de un 40% de la población penitenciaria. Lo admitió hoy el director del Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI), Bolívar Garzón.
El funcionario explicó que de las 38.186 personas que conforman la población carcelaria, 22.927 tienen sentencia.
"Existen 15.000 personas privadas de libertad que no tienen sentencia, lo que representa casi un 40% del universo penitenciario", detalló Garzón, en una presentación ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).
Garzón asumió el cargo la semana pasada, el mismo día en que una masacre originada en una pelea entre bandas en la Penitenciaría del Litoral, en la ciudad portuaria de Guayaquil, dejó el saldo 119 reos asesinados.
Según el jefe del SNAI, las cárceles de Ecuador tienen capacidad para 30.196 personas, por lo que existe un 26% de hacinamiento en el sistema penitenciario, aunque cada penal tiene sus propias características.
Según los datos oficiales, también existe un déficit en el cuerpo de vigilancia y seguridad penitenciaria.
Garzón advirtió que tampoco hay suficiente número de jueces para tramitar casos penitenciarios, por lo que al momento hay unos 5.000 expedientes atrasados.
Tras revelar estas cifras, Garzón reclamó a la Asamblea Nacional trabaje en una Ley de Rehabilitación Social porque el sistema penitenciario se rige por las normas del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que únicamente se refiere a la parte punitiva y deja por fuera la rehabilitación de los presos.
Después de la masacre, el presidente, Guillermo Lasso, declaró el estado de excepción en todo el sistema penitenciario, y lanzó un plan de medidas para mejorar la situación en los penales.
El programa incluye reforzar los controles para evitar las armas en los penales, promover nuevas construcciones para evitar el hacinamiento, indultar a personas de la tercera edad, mujeres, personas con discapacidad y enfermos terminales, y repatriar a los extranjeros presos.
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