“El DNU del pase sanitario es para evitar restricciones”, advirtieron

La polémica está servida y las consecuencias comenzarán a verse desde mañana si es que el Colegio de Abogados decide judicializar su posición contraria al decreto de Necesidad y Urgencia que firmó el gobernador Osvaldo Jaldo resolviendo la obligatoriedad de un pase sanitario para distintas actividades sociales en la provincia. Según ese DNU, sólo las personas que cuenten con las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus podrán acceder a bares, restaurantes, boliches, eventos deportivos, cines, teatros y hasta oficios religiosos. Pero los abogados advierten que tal decreto no es constitucional ya que, justamente, la vacuna no es obligatoria y además un DNU no puede estar sobre leyes como la libre circulación.

Sin embargo, ayer, el fiscal de Estado Federico Nazur, no sólo defendió el decreto de Jaldo, advirtiendo que tenía todas las herramientas legales, sino que dijo que era la única alternativa para adelantarse a una posible nueva ola de contagios que incluso, si la situación epidemiológica lo ameritaba, podría derivar en nuevas restricciones. “Estuve leyendo las opiniones tanto del Colegio de Abogados como de la doctora (Carmen) Fontán y lo primero que digo es que respeto todas las posiciones. Afirman que la medida es inconstitucional ya que la vacunación no es obligatoria, y la doctora Fontán apunta más a la forma, que fue por DNU y no por ley”, explicó Nazur. Y relató: “El DNU surgió luego del último informe del Ministerio de Salud, que dio cuenta a nivel mundial de una situación muy difícil, con países atravesando una nueva ola y con medidas restrictivas como la que se tomó ahora en Tucumán. Con la aparición de nuevas variantes que derivarían en que comencemos una tercera ola por el aumento de casos. Pasamos de 50 a 500 en pocos días”. “Hay entre la gente vacunada que se contagia y los no vacunados. Hay una diferencia abismal en cuanto al transcurso de la enfermedad, pero hay más de 200.000 personas que no completaron la segunda dosis, y otro tanto que no se vacunaron. Con todo eso el gobernador decidió esa medida”, afirmó el fiscal de Estado. Y aclaró: “Se hizo por DNU por tratarse de una urgencia, por la cantidad de casos que estamos teniendo. Sabemos que la legislatura se reúne el día 9, pero no podíamos esperar todo ese tiempo. No hubiera sido sensato enviar un proyecto de ley en ese momento y luego esperar. Ahora, el 9, la Legislatura tiene la posibilidad de convalidarlo o rechazarlo, y si es lo primero, de transformarlo en ley”.

Nazur aseguró también que la medida tiene todos los recaudos constitucionales exigidos por la jurisprudencia. “Se explican los fundamentos, tiene lo que se llama proporcionalidad con el fin perseguido, tiene temporalidad, hasta el 31 de diciembre, incluso en cuestiones de emergencia económica se dan este tipo de medidas, mucho más en una emergencia sanitaria”, dijo. “El Poder Judicial acompañó la medida, sobre todo en cuestiones sanitarias, y los sectores privados están involucrados. Hay que tener en cuenta que hay sectores que perdieron mucho dinero durante la pandemia y si ahora no tomábamos esta medida preventiva, bueno, llegado el momento iban a haber restricciones más severas”, advirtió. “Para nosotros es constitucional, de eso no tenemos dudas. ¿Que puede ser perfectible? Todas las medidas lo son. Vamos a estudiar estos cuestionamientos. Hoy la vacunación no es obligatoria porque tiene aprobación de emergencia según la OMS, pero cuando sea total, será obligatoria”, aseveró.

Finalmente el fiscal de Estado aseveró que la medida está dando resultados. “La gente se volcó masivamente a recibir la vacunación luego de que el gobernador firmara el DNU. Eso habla de la importancia de lo que se hizo ya que los especialistas nos dijeron que era muy importante avanzar en la inmunización para evitar nuevas internaciones y decesos. Igual, vuelvo a decir. Respeto todas las opiniones y estamos dispuestos a escuchar para mejorar todo lo que se pueda para ayudar en la emergencia que estamos viviendo”, finalizó.

Quien también opinó fue el Presidente Concejo Deliberante de la Capital, Fernando Juri. “En virtud del pacto social, ante una situación de emergencia donde está en riesgo el valor supremo que es la vida, el derecho colectivo prima sobre el derecho individual” dijo. Y subrayó: “El DNU es una facultad legislativa que la Constitución reconoce al Poder Ejecutivo en situaciones especiales. Por lo tanto un DNU es ley. No avasalla ningún derecho ni obliga a nadie. Por el contrario, resguarda a la comunidad ante la emergencia sanitaria actual”. Luego agregó: “El Gobierno con este DNU ejerce su responsabilidad de actuar para no retroceder en el camino recorrido y evitar crisis sanitarias, económico-productivas y sociales ya vividas. Ante esta emergencia resulta estéril e inconducente entrar en una discusión jurídica, debiéndose aplicar el sentido común. Estamos ante una situación extraordinaria con riesgo de vida que reclama una respuesta también extraordinaria”.