02 Marzo 2022
Entre la sequía y los incendios, el panorama del campo es severo. Los productores de la región del NOA habían advertido al final del año que desde octubre no se habían registrado lluvias suficientes y que eso, sumado a la falta de agua de riego, hacía prever que habría daños irreversibles en las plantaciones, que derivarían en una pérdida del 30% para esta zafra. Un panorama similar se presentaba en el comienzo del año con la campaña de granos. “En este contexto, los cultivos están sufriendo las dificultades generales, no solamente con estrés hídrico definido, sino además con estrés térmico que suele acompañar a las situaciones de bajas precipitaciones. Una gran insolación, junto la elevada temperatura, generan en los cultivos una tasa de crecimiento más baja”, consignaron expertos de la Estación Experimental.
La situación se ha repetido en el resto del país, con lugares con catástrofes como Corrientes, donde la sequía y los incendios provocarían pérdidas de $ 70.000 millones: se calcula que unas 785.238 hectáreas de arroz, citricultura, forestación, yerba mate y ganadería resultaron quemadas.
Desde comienzo de año se estuvo discutiendo sobre la compleja situación que ensombrece al sector productivo: según el relevamiento “Semáforo de economías regionales” que realizó Coninagro en diciembre, en 13 economías regionales (sobre 19) los precios recibidos no alcanzan a la inflación interanual acumulada, que fue de casi el 51%. Varias actividades estaban en rojo en el semáforo: cítricos dulces, aves, arroz, bovinos, hortalizas, leche, maní, ovinos, papa, peras y manzanas, con subas de costos superiores a las de los precios. En ese marco, se discutió no sólo sobre los atrasos en la implementación del Fondo de Emergencia Agropecuaria, que desde el año 2009 se mantenía estancado en $ 500 millones y que a fines de enero fue aumentado, según se dio a conocer desde el Ministerio de Agricultura, a $ 12.500 millones, sino también sobre la burocracia del sistema para ayudar a los productores afectados. Aplicar el fondo implica primero la declaración de “emergencia agropecuaria” para quienes padecen entre el 50% y el 79% de pérdidas y eso requiere un camino burocrático de declaración previa en distritos y provincias para que luego el Gobierno nacional se haga eco. Posteriormente podrían llegar beneficios impositivos, suspensión de juicios de ejecución fiscal o condonación de pagos de impuestos o tasas, que son vías de largo aliento.
En Tucumán, sobre el final del año la Provincia declaró la emergencia agropecuaria para ayudar a productores de Burruyacu, Cruz Alta y Leales, afectados por el fuego que arrasó con cultivos en pie, rastrojo y animales, y por la sequía. Pero la Unión de Cañeros Independientes de Jujuy y Salta (Ucijs) estima que esta será la zafra que deberá salir adelante con el menor nivel de precipitaciones en más de 10 años. “Lo que se perdió ya no se recupera porque en los meses de mayor potencial de crecimiento de la caña faltó agua”. La Ucijs recordó que esta situación ya fue alertada a los ingenios y a los gobiernos en 2021 “donde también transitamos una zafra muy difícil, marcada por la pandemia y la sequía, a la cual se sumó la falta de atención crediticia para la renovación de plantaciones”.
Si a todo esto se agrega la incertidumbre que comienza a generarse por el escenario de guerra en Rusia y Ucrania, que podría afectar la salida y la comercialización de los productos argentinos, se puede comprender que el año estimado es de altísima complejidad para la producción. Convendría que se activen los mecanismos de debate y de salidas para resolver una situación compleja, de grave daño para la producción agropecuaria.
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