Por Martín Soto
14 Marzo 2022
Los cambios que sancionó la Legislatura a la ley que regula el Ejercicio Profesional de Abogados y Procuradores (N° 5.233), respecto al pago anual de la matrícula, no cayeron bien en el Colegio de Abogados de Tucumán (CAT). La institución que conduce Rodolfo Gilli cuestionó que las modificaciones hayan sido inconsultas, dijo que se declara en alerta y movilización, y advirtió que la situación los “pone en riesgo financiero, afectando la gestión institucional”.
La Cámara aprobó el jueves cambios en el artículo 62, el cual fija la punición para aquellos letrados que incumplan el pago anual. La ley establecía el pago del duplo del monto por no abonar a término, además de la suspensión automática de la matrícula. Luego de receptar planteos de jóvenes abogados de pasillo, los legisladores Roque Tobías Álvarez, Raúl Ferrazzano y Norma Reyes Elías (FdT) impulsaron un régimen más benigno, como que no haya una inhabilitación para poder trabajar y que se aplique un pago escalonado de intereses. Luego de unos cambios al dictamen, aportados por Nadima Pecci (Valores Republicano), se acordó se tome como referencia la tasa activa del Banco Nación para el cálculo de intereses.
Gerónimo Vargas Aignasse, que se expresó de acuerdo con los cambios, ironizó: “si el Fondo Monterio le está dando plazos a la Argentina para pagar la deuda, como el Colegio de Abogados no va a dar plazo para pagar la deuda. Tenemos que ser coherentes”.
Álvarez explicó que los letrados le plantearon el problema eran en su mayoría jóvenes, los cuales le expusieron que si no tenían para pagar la matrícula anual antes del vencimiento (hoy en $48.000), mucho menos podrían hacerlo si matrícula activa y teniendo que pagar el doble por haberse retrasado un día, una semana o un mes.
Los cambios fueron celebrados por grupos independientes de letrados, pero rechazado por el CAT. A través de un comunicado, la institución lamentó que no se la hubiera consultado previamente a pesar de los reiterados pedidos para participar. “Si bien coincidimos en la modificación, ya que siempre consideramos que el duplo no debía aplicarse, la falta de consulta a nuestro Colegio tiene gravedad institucional”, dijo. Agregó que “los mecanismos elegidos pueden colocar al Colegio en una posible desfinanciación”, motivo por el cual se declara en alerta y movilización.
“Este Colegio va a poner en conocimiento de autoridades nacionales y a la Federación Argentina de Colegios de Abogados esta situación, y se declara en alerta y movilización, esperando que el gobernador de la provincia (Osvaldo Jaldo) encauce esta delicada situación que nos pone en riesgo financiero afectando la gestión institucional”, expresó la institución que conduce Gilli.
La Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores fue convocada para una audiencia mañana en la Legislatura.
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