21 Marzo 2022
En 2020 la prima de seguro escolar de las escuelas de gestión estatal fue de $350. Apenas transcurrido poco menos de diez días hábiles, se suspendieron las clases por la pandemia. No hubo clases pero si hubo pérdidas de vidas humanas por covid, pérdida de empleo formal e informal, aumento en los precios de los alimentos y toda clase de situación donde una vez los humanos confirmamos que en escenarios de excepción, el apetito y la voracidad no desaparecen en favor de los que más sufren. En 2021, reanudada la presencialidad, se puso el puñal en el pecho a las familias. Sin miramientos se cobró de seguro $460.-, un aumento de casi el 25%, a pesar de que el año anterior ningún niño hizo uso de la prima. En 2022, el aumento es 52%, cada familia debe abonar $700.- por niño. De más está decir que por estos lados no réplica la política educativa de que la educación es un derecho que no puede ser conculcado. De más está decir que hay un número significativo de escuelas que no matrícula a los niños si sus familias no abonan el Seguro. De más está decir que sin ensuciarse en el barro de la ruralidad, las autoridades lo pueden constatar por sí o por los muchos empleados que nombraron en la sobredimensión del organigrama. En medio de tanta crisis recién se les ocurre decir que desde el lunes 14 pueden ir a la escuela todos los chicos que no han podido pagar el seguro. ¿Qué pasa con los que abonaron? Nada debería impedir que se cumpla el principio del interés superior del niño por encima de cualquier otro interés. La escuela es para y de los niños, niñas y adolescentes, pero no se respeta este derecho de propiedad y no es de ahora, es de antes de la pandemia. Para algunos $ 700, no hace la diferencia. Para otros puede ser el cocido con pan para la familia en dos o tres días.
Susana Cristina Díaz
profesucris@gmail.com
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