Una gestión eficiente de la seguridad vial es el camino idóneo que debe seguir el Gobierno tucumano para afrontar los accidentes viales que sufre la comunidad. La experiencia mundial nos enseña que no es suficiente tener instrumentos de gestión (leyes, procedimientos, normas, controles, capacitación, etc.). Se debe disponer básicamente de una política de Estado en Seguridad Vial que incluya y comprometa a los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, municipal y comunal. Una política de Estado es aquella que un gobierno desea implementar en forma permanente, que trascienda en el tiempo, sin que sea afectada por los cambios de gobierno. A mi entender, en Tucumán la accidentología vial no mejora porque el Estado no tiene una política y tampoco cuenta con planes y programas de aplicación continua (lo poco que se hace es transitorio, circunstancial y puntual). El tránsito es complejo y debe ser administrado como un sistema, teniendo en cuenta los elementos fundamentales que lo componen: el vehículo, el camino y el ser humano. De los tres, el humano es el más impredecible, difícil de administrar y el causante de la mayoría de los accidentes que ocurren cuando se transita en la vía pública. Necesitamos un Estado activo, que nos demuestre que la seguridad vial es una Política de Estado, que va acompañada de planes y programas sustentables y que contienen los diversos aspectos de la problemática del tránsito. Los actores del sistema y la población deben comprender que la obtención de estándares óptimos en seguridad vial lleva tiempo y por ello quienes gobiernan Tucumán deben adoptar a la mayor brevedad las medidas necesarias para que en el futuro se cosechen mejores frutos. Si nada se hace, las muertes, mutilaciones, invalideces y familias destruidas como consecuencia de los accidentes continuarán su avance, como un quinto jinete apocalíptico.
Juan Francisco Segura
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