26 Abril 2022
Los nuevos funcionarios deberán "hacer un análisis" del sistema penitenciario
El gobernador interino, Osvaldo Jaldo, tomó juramento hoy a tres nuevos funcionarios de Institutos Penales. Asumieron Graciela Sare, como subsecretaria de Servicios Penitenciarios; Alberto Pereyra, como director general de Institutos; y Julio Galván, como subdirector de la Dirección General de Institutos Penales.
Tras el acto oficial en Casa de Gobierno, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, dijo hoy que el nombramiento de las nuevas autoridades del sistema penitenciario provincial forma parte de “una evaluación sobre el penal de Villa Urquiza y las políticas que se venían realizando sobre las personas en situación de encierro”.
“Tuvimos charlas con miembros de la Corte Suprema de Justicia (provincial), los jueces y el Ministerio Público Fiscal (MPF), con lo cual se decidió dar un cambio en el timón y buscar una renovación del área porque considerábamos que había un ciclo cumplido. Buscamos controlar algunos aspectos a nivel general a partir de una política pensada para el personal del sistema carcelario que debe mejorar, como también las personas que están privadas de su libertad”, destacó el funcionario.
El ministro informó que los nuevos directivos “tienen la obligación de realizar un análisis de la situación” de las instituciones penales. Además, contó que “se trabaja en mejoras edilicias del Penal de Villa Urquiza, tanto con empresas privadas como con la colaboración de detenidos que realizan acciones de labor terapia”.
Agüero contó que “se ha regularizado el área de Producción del Penal con el fin de recuperar el prestigio de su servicio donde se elaboraban productos que daban prestigio a la institución. Se busca reforzar el sistema de patronato. De ello depende el sistema de pulseras electrónicas, lo que determina la libertad de las personas”.
Con respecto a la ley de narcomenudeo, explicó que se crearán dos fiscalías, una defensoría y dos juzgados con cuatro jueces para el Centro Judicial Capital y una fiscalía, un juzgado con dos jueces y una defensoría para el Centro Judicial del Sur.
Por su parte, Sare señaló que "las políticas penitenciarias y post penitenciarias forman parte y son obligación del Estado”. “Cuando una persona ingresa al penal, empieza otra etapa. Se trata de cómo trabajar con el preso y su situación", sostuvo. Y agregó: "Es la obligación del Estado cambiar la situación de esta persona y el proyecto de vida para que se vuelva a insertar la sociedad".
El flamante director general de Institutos Penales comentó que “el trabajo apunta a mejorar la situación del recluso, del personal y de los mismos ciudadanos”.
“En su discurso, el Gobernador dijo que tomó con seriedad la decisión de cambiar el trabajo del Servicio Penitenciario con un modelo normalizador, disciplinario y correccional, donde la persona que va al servicio penitenciario tiene que ser tratada a partir de un equipo multidisciplinario y debe haber un seguimiento para que cuando salga del Penal sea una persona de bien”.
“En cuanto a la cantidad de detenidos en cárceles, no es un problema provincial, sino nacional e internacional. Los catedráticos hablan de que las cárceles son depósitos o jaulas. Hoy, a partir del trabajo multidisciplinaria, se busca transformar a la persona a partir del apoyo familiar y de profesionales”, concluyó.
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