04 Mayo 2022
PREOCUPACIÓN EN EL GORETTI. La denuncia de abuso sexual consigna que, además, a la víctima se le colocó un chip anticonceptivo sin autorización familiar. Foto de Archivo
Este viernes se cumplen dos semanas del plazo dispuesto a través del decreto 1.108/1, firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo, para la presentación de la auditoría multidisciplinaria e integral en distintos institutos dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán; entre ellos, el Santa María Goretti. Y, aunque los plazos están vencidos, no hay datos sobre la investigación administrativa ordenada luego del escándalo por el abuso sexual contra una niña de 13 años.
A principios del mes pasado, el legislador radical José Ricardo Ascárate (Juntos por el Cambio) dio a conocer este caso, revelado por el abuelo de la víctima. Además, según la denuncia penal impulsada por la familia de la niña, en el Goretti se le había implantado un chip anticonceptivo sin autorización.
Las versiones indican que podría haber otros casos similares en la institución. Y, al margen de la causa que investiga el fiscal Daniel Marranzino, el gobernador Jaldo decidió avanzar el 13 de abril con un proceso administrativo.
A través del decreto 1.108/1, el titular del Poder Ejecutivo advirtió sobre la "necesidad de realizar un diagnóstico integral del estado de funcionamiento de los Hogares e Institutos de atención de personas, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social".
"Es deber indelegable del Estado velar por las personas en condiciones de vulnerabilidad, máxime en los casos que han sido institucionalizados, siendo el principio regulador el interés superior del niño y el respeto de los derechos humanos", expresa el instrumento en los considerando.
Por ello, Jaldo ordenó "la realización de una auditoría multidisciplinaria e integral en los institutos de atención de personas en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social".
La tarea fue asignada "a una comisión interministerial ad hoc", que debía "elevar el informe de rigor hasta el día 22 de abril del corriente año".
Sin embargo, todavía no hay datos sobre la auditoría, que debía alcanzar otras 10 instituciones (entre ellas, el Belgrano, el Roca, el Santa Rita y el Santa Micaela).
El legislador Ascárate, que preside la comisión de Niñez y Familia de la Legislatura, afirmó que en ese equipo de trabajo están "esperando los resultados". "Por el lado de la parte administrativa, el Gobierno dijo que iban a hacer esta auditoría; y también estamos esperando el avance de la cuestión judicial", expresó.
Además, si bien reafirmó su preocupación por las denuncias de los familiares de las internas del Goretti, advirtió que, mientras tanto, la comisión de Niñez de la Legislatura solo puede "monitorear lo que se está llevando adelante".
"A mí entender, tendría que haberse suspendido a todo el personal que pudo haber estado involucrado en esta situación", aseveró el dirigente de la UCR.
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