“Médico mellizo”: el Siprosa busca responsables

Las sorpresas en el caso del “médico mellizo” que se desempeñaba en el Sanatorio Jesús María, de Concepción siguen apareciendo. El titular de la Dirección General de Fiscalización Sanitaria del Siprosa, Orlando Di Marco, aseguró a LA GACETA que el centro asistencial nunca comunicó la incorporación de Enrique Bustamante a su plantel de profesionales. Esta omisión dijo que se produjo pese a que su ente de contralor dispone de la tecnología informática necesaria y con registro actualizado de los médicos habilitados. “Si lo hubiera comunicado no hubiera tenido trabajando un falso médico”, apuntó.

Bustamante se desempeñó en el Jesús María durante varios años, al frente de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), con el nombre y la matrícula profesional del terapista Sergio Guillermo Martínez, de la capital. El vicedecano de la Facultad de Medicina de la UNT, Rafael Tissera, dijo que esa casa de altos estudios estableció que Bustamante ingresó a estudiar en el 2001 y tiene su última materia aprobada en el 2007. Es decir hace 21 años. Este año se reinscribió en la carrera. “Hemos requerido en todas las cátedras si el hombre está cursando en alguna materia en estos momentos” dijo. Fue el propio Martínez el que descubrió de forma casual al “médico mellizo” cuando un colega suyo le mostró una historia clínica del 2019, proveniente de Concepción, que llevaba su firma.

Todo digitalizado

Di Marco explicó que “es una facultad indelegable del Estado el control de las matriculas profesionales de los médicos” y que este caso particular del falso galeno, “se dio por la falta de comunicación de la institución asistencial a nosotros”. “Cuando un profesional quiere autorización para algún espacio de atención sanitaria, tiene que venir aquí. Si se trata de una clínica, esta presenta un expediente con toda la documentación que se le ha requerido. En ella el solicitante está obligado a precisar datos de la infraestructura edilicia, la tecnología a utilizar y el plantel de médicos u otros profesionales que van a trabajar”, explicó. Según agregó, una vez que la institución acredita el pedido de habilitación, los inspectores del área se presentan en el lugar a habilitar y verifican todos los requisitos exigidos. Precisó que posteriormente se reúne los informes correspondientes y se los pasa al departamento jurídico a fin de que se verifique si el establecimiento cumple con las obligaciones legales establecidas. Una vez que los abogados certifican se ajusta a esas normativas, recién se produce el acto resolutivo que dura cuatro años para cada institución. Di Marco indicó que “el establecimiento está obligado a comunicar en forma rápida y efectiva al ente de control cualquier cambio”. El funcionario insistió que ese procedimiento “no fue utilizado” por el Sanatorio Jesús María. “Eso no se hizo porque de lo contrario lo hubiéramos detectado en el acto y no habrían tomado a este falso profesional”, finalizó.