Por Santiago Re
01 Agosto 2022
LAS PARTES. La audiencia se desarrolló vía Zoom y concluyó con 30 días de preventiva para el acusado.
“Necesito que alguien me ayude. La madre de mi hija nos dejó hace tiempo y yo, lejos de asumir el rol de padre, me perdí más en la adicción. No encuentro el modo de recuperarme. A mi nena la están criando mis padres y yo no sé nada de ellos porque me la paso perdido, vagando por las calles”, señaló Miguel Ángel Carrizo al momento de presentarse en la audiencia en la cual lo imputaron por el robo de una moto.
En muchos casos, palabras así por parte de un imputado podrían responder a una estrategia para intentar evadir la cárcel. Pero en este caso, cuando la jueza Lorena Rocha resolvió ordenar la prisión preventiva por 30 días, Carrizo pidió nuevamente la palabra, no para protestar o pedir una cautelar más leve. Lo hizo para suplicar nuevamente -esta vez llorando- que el Estado lo ayude a salir del infierno del consumo de drogas. Esa manifestación pareció haber sonado sincera, porque la magistrada y el defensor oficial Miguel Rocchio le explicaron lo que la Justicia podía ofrecerle como herramienta para salir adelante.
El tema preliminar, de la condición del acusado, fue una de las cuestiones destacadas que tuvo este debate.
Carrizo se presentó como vendedor callejero. Puntualmente señaló que vivía de vender choripanes a la salida de las canchas de Atlético y de San Martín, los días en los que hay partidos. “Lo que gano haciendo eso me lo gasto siempre en el consumo. Desde que caí la adicción me venció siempre y no pude ayudar en mi casa, a criar a mi hija”, indicó.
En el registro fílmico de la audiencia quedó registrado que el acusado tiene apenas 23 años. Fue un dato llamativo para las partes y los espectadores, porque -posiblemente por el consumo- Carrizo aparentaba ser mayor.
La acusación
El auxiliar Pablo D’Andrea, de la Unidad de Flagrancias que está a cargo del fiscal Carlos Picón, describió que el sábado, antes de las 8, un hombre de 77 años estaba estacionando su motocicleta Honda Wave cuando fue atacado por Carrizo, quien vestía de campera verde y habría empuñado un cuchillo para amenazar al conductor y quitarle el vehículo. El hecho ocurrió en Moreno al 1.700, cuando la víctima quería ingresar a su local comercial. En el momento el septuagenario se defendió y se produjo un forcejeo en el cual Carrizo le habría tirado puntazos al motociclista, intentando herirlo. El asalto se frustró porque dos efectivos que recorrían la zona intervinieron y, con la ayuda de los vecinos, atraparon al ladrón en la esquina de Lavaisse y Américo Vespucio (estas calles se cruzan a la altura de las vías que separan villa Amalia de San Cayetano).
No hubo objeciones por parte de la defensa sobre la legalidad de la aprehensión, sin embargo la jueza le consultó al imputado por los golpes que presentaba y le explicó que podía abrirse una investigación paralela por lesiones si lo creía necesario. “Sí hubo algunos que me pegaron, pero sinceramente yo estaba perdido y no pude ver a nadie. No pretendo denunciar eso”, sintetizó el acusado.
Cautelar
D’ Andrea pidió 30 días de prisión preventiva para Carrizo por el delito de robo agravado por el uso de arma blanca. Aclaró que sin perjuicio de ello, hasta el momento no habían podido encontrar el arma que habría empuñado el acusado. Señaló a su vez que había que cautelar el proceso porque durante la pesquisa deben tomarle declaración a la víctima y a los vecinos. Además reveló que Carrizo tiene varias denuncias en trámite o archivadas por robos, amenazas, resistencia a la autoridad y violencia de género. Sólo en una de ellas fue elevado a juicio (por robo simple). Argumentó que con ese panorama era presumible que, en caso de ser condenado, pudiera recibir una pena de cumplimiento efectivo.
El defensor Rocchio pidió que se contemple la acusación como un robo simple, al menos hasta que se consiga evidencias de que Carrizo empuñó un arma. No tuvo éxito con ese pedido ni con el de que se consideraran medidas cautelares más leves.
La víctima del proceso escuchó atentamente la audiencia y sólo sintetizó que los hechos fueron como describía el fiscal.
Tras escuchar a todas las partes, la jueza tomó su decisión y dio lugar a la imputación propuesta por la Fiscalía y a la prisión preventiva por 30 días, plazo en el que -estimaron las partes- concluiría este proceso.
Una herramienta
Luego de la resolución Carrizo pidió la palabra por última vez. “Yo solo le quisiera pedir perdón a quienes les hice daño, yo no estaba en mis cabales y ya no sé qué hacer. De corazón repito que necesito ayuda; los políticos prometen cosas y después no cumplen, por eso se los pido a ustedes (a la Justicia) que me ayuden a salir de esto”, argumentó, secándose las lágrimas.
La jueza le explicó que lo ayudarían, pero también fue clara al remarcarle: “nosotros no podemos más que ofrecerle herramientas: un oficio y un programa de rehabilitación, pero nada de eso servirá si usted no tiene predisposición. Nadie lo va a llevar a rehabilitar, ni a trabajar, usted tendrá que hacer su parte si de verdad quiere cambiar”.
“Quiero ser un padre para mi hija, si me tengo que internar en los valles, en un lugar retirado o en otra provincia para recuperarme, entonces estoy dispuesto a hacerlo”, concluyó el detenido.
La jueza ofició para que servicios sociales asistan a Carrizo durante su arresto. El defensor Rocchio valoró esta última decisión y manifestó: “desde la Defensoría también ayudaremos a buscar una solución a este problema. Es preocupante la cantidad de chicos afectados por las adicciones que estamos viendo hoy”.
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