Juicio contra CFK: "La cúpula del Estado montó un plan sistemático de extracción de fondos", dijo el fiscal

Tras la feria judicial, se reanudan los debates en la causa "Vialidad". Se investigan posibles hechos de corrupción en obras públicas ejecutadas en Santa Cruz.

01 Agosto 2022

Este lunes es una jornada clave en el juicio de la causa "Vialidad", que tiene a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como principal acusada. Tras la feria judicial, comenzaron hoy los alegatos en el Tribunal Oral Federal N° 2. El fiscal, Diego Luciani, pidió nueve audiencias para presentar las pruebas, que podrían ser decisivas para el futuro procesal de la líder del Frente de Todos (FdT).

“Este Ministerio Público Fiscal (MPF) tiene por acreditado que entre 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita. Fue piramidal, tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de estado”, aseguró Luciani en el inicio de su exposición. Además, sostuvo que “fue una de las matrices de corrupción más extraordinarias de la historia de nuestro país”.

CFK participa a través de videoconferencia, como ya hizo anteriormente. Los alegatos de la Fiscalía se desarrollarán los lunes, martes y viernes, durante las próximas tres semanas.

La fuerte acusación del fiscal Luciani

“Este Ministerio Público Fiscal tiene por acreditado que entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares. Se trató de una organización que con una figura de espejo replicó en la clandestinidad un organigrama del Estado. Se trató de una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de estado y de la que participaron diversos funcionarios públicos que en paralelo al plano legal pero valiéndose de sus competencias prestaron los aportes necesarios ”, aseguró Luciani.

Y, luego, mencionó a los líderes del movimiento "K" con nombre y apellido. “Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país. Y cuando digo extraordinarias no es que considere que existe una corrupción ordinaria. Lo extraordinaria radica en las características especiales de la asociación”, continuó.

En otro tramo del alegato, sostuvo que en la cúpula del Gobierno “se montó un plan sistemático de extracción de fondos”. Y dijo: “Santa Cruz era el lugar ideal para llevar adelante la maniobra y procurar impunidad a los aquí imputados”, expresó.

A continuación, puso el foco sobre Néstor y Cristina Kirchner. “Los jefes de la asociación ilícita consolidaron una base de poder, conocían el funcionamiento y tenían el poder de decidir”, dijo. Y destacó que además manejaron “los organismos de control”.

El fiscal hizo especial hincapié en “la decisión de favorecer a Santa Cruz” en el reparto de la obra pública, “pese a su baja densidad poblacional”. Esto se hizo -sostuvo Luciani- “en contra de los criterios de razonabilidad que deben regir las contrataciones administrativas”. Destacó que Santa Cruz tiene una población 57 veces más chica que la de la provincia de Buenos Aires y “recibió fondos cuantiosamente superiores”.

Citó a Alberto Fernández para vincular a Lázaro con los "K"

Luciani citó la declaración de Alberto Fernández como prueba contra Cristina Kirchner. Dijo que el Presidente había aportado un elemento más para demostrar la relación, “que no está en duda”, entre Néstor Kirchner y Lázaro Báez. El fiscal pidió incluso que se escuchara en la audiencia la declaración de Fernández. Fue la única grabación que pidió hasta ahora. El tribunal accedió y en el juicio se escuchó la voz de Fernández.

Para el fiscal, Austral Construcciones “fue una cáscara vacía que les permitió durante 12 años extirpar fondos del Estado”. Y todo fue diseñado “desde los más altos cargos del Gobierno”; para ellos, “la regla fue el abuso de poder”.

"El trabajo de la UIF fue temerario"

Luego de que la Oficina Anticorrupción se retirara del juicio y de que la Unidad de Información Financiera (UIF) pidiera semanas atrás la absolución de la ex jefa de Estado, el Ministerio Público Fiscal (MPF) representa la única acusación que queda contra Fernández de Kirchner. Si Luciani no acusa, la vicepresidenta quedará absuelta, aunque esto está casi descartado luego de las fuertes acusaciones que expresó en esta jornada.

A partir de esto, el MPF cargó duramente contra los funcionarios de la UIF que participaron del juicio. “Su trabajo fue temerario. No valoraron la prueba y la escasa prueba que valoraron, la tergiversaron”, dijo Luciani. “Debió explicar por lo menos mínimamente por qué descartó la cuantiosa prueba”, agregó.

Qué sucederá tras el alegato fiscal

El fiscal se había manejado estas semanas con mucho hermetismo sobre el contenido de su alegato, que se dividirá con Sergio Mola, fiscal federal de Lomas de Zamora.

El pedido de condena para funcionarios siempre está acompañado con la inhabilitación -en muchos casos es de manera perpetua- para ejercer cargos públicos. En el kirchnerismo salieron al cruce de la Justicia señalando una potencial condena a CFK busca que no pueda presentarse en las elecciones del año próximo. No obstante, para que eso ocurra una eventual condena debería quedar firme. 

En la planificación de los jueces del TOF 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, la idea es que haya veredicto antes de fin de año. Pero los fundamentos de esa decisión quedarían para el 2023, y sólo entonces las partes pueden apelar para que las eventuales condenas o absoluciones sean revisadas por Casación, y después por la Corte. Esos plazos judiciales exceden el cronograma electoral del 2023.

La condena "ya está escrita", según CFK

En este marco, Cristina Kirchner difundió semanas atrás un video en el que sostiene que su condena ya está “escrita” y “a esta altura, hasta firmada”.

En medio de la interna del Frente de Todos, y de la crisis política y económica, Alberto Fernández respaldó las críticas de CFK. “La Vicepresidenta ha afirmado que en una causa en la que se la enjuicia y en la que el fiscal aún no ha formulado su acusación, su sentencia ya está escrita. Esa afirmación pone en crisis la objetividad del sistema de justicia y la idoneidad moral de los miembros del tribunal”, expresó.

En ese contexto político se reiniciará el juicio que es por las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Lázaro Báez recibieron para la provincia de Santa Cruz. Sobreprecios, falta de capacidad técnica para hacerlas, licitaciones amañadas y el pago total de las obras cuando la mayoría no fueron terminadas. La acusación es por los delitos de asociación ilícita y defraudación a la administración pública. La vicepresidenta está sindicada como presunta jefa de esa asociación ilícita.

Claves de la causa "Vialidad"

Junto con Cristina Kirchner y Báez están siendo juzgados Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; José López, ex secretario de Obras Públicas; Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas; Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner; Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.

Los alegatos comenzaron el 11 de julio con la UIF. Los abogados del organismo del Gobierno nacional pidieron la absolución de Cristina Kirchner y de los principales acusados. “Es imposible demostrar la existencia de una organización criminal. Además de las dudas producidas en el debate sobre los sobreprecios, encontramos una absoluta orfandad probatoria al momento de probar una asociación ilícita”, dijo el abogado Leandro Ventura.

La UIF solo pidió condena para los funcionarios de Vialidad de Santa Cruz por considerar que incumplieron sus funciones, ya que informaron que las obras en la provincia estaban terminadas, cuando en rigor no fue así. El organismo solicitó un año de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación para Daruich, Collareda, Garro, Villafañe, Pavesi y Santibañez. Pero advirtió que el delito podría estar prescripto y dejó en el tribunal esa decisión.

Tras la feria judicial, hoy el juicio se reiniciará con la exposición de Luciani y Morla. Tras sus nueve audiencias empezarán las defensas. Será a fines de agosto y cada una tendrá tres audiencias. Comenzará la de Báez y la de Cristina Kirchner será la sexta.

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