Por Homero Terán Nougués
23 Agosto 2022
ACUSADA. Graves cargos le endilgaron a Cristina Fernández.
La posibilidad de que la Justicia condene a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner estuvo en el centro de la escena política en el primer día de semana. Las opiniones de los tucumanos consultados por el tema se dividió entre quienes quieren “que la Justicia actúe” y aquellos que “repudian” el accionar en contra de la ex presidenta.
El pedido del fiscal Diego Luciani, tras nueve días de alegatos, fue la condena a 12 años de prisión y la inhabilitación política de por vida. “Es una manera de proscripción”, dijo al respecto Daniel Campi, historiador e investigador del Conicet.
“Se está cometiendo un tremendo error porque la referencia más directa que tenemos son las proscripciones a (Juan Domingo) Perón a partir de 1955, que sólo trajo más violencia en Argentina. En ese entonces se creía que con proscribir a Perón iba a desaparecer el peronismo. Después de eso el peronismo no sólo se mantuvo en la clase obrera, sino que al poco tiempo incluyó a las clases medias y terminó todo en un espiral de violencia tremendo que todos conocemos”, señaló, y agregó: “personalmente me trae muy malos recuerdos esa experiencia”.
Además, indicó que es un signo de debilidad de la oposición y, en caso de que finalmente se proscriba a la ex presidenta, les resultaría contraproducente a los fines políticos del principal partido opositor. “Si se termina por consumar eso, no va a desaparecer el kirchnerismo. Siempre los perseguidos sacan fuerzas de esa misma condición para fortalecerse en el corto o largo plazo”.
Distinta fue la percepción del abogado constitucionalista Luis Iriarte, quien festejó el pedido del fiscal Luciani, aunque aclaró que deberá leer en profundidad todas los argumentos presentados para formar una opinión bien fundamentada.
“Estoy feliz de toda la improba tarea de los fiscales que acumularon tantas pruebas contra Cristina. Pero, por ahora, no voy a opinar porque quiero tener reunidas las pruebas más importantes que presentó el Ministerio Público Fiscal. Expreso mi satisfacción por esa labor. La república hoy está de fiesta, acusando a una gran simuladora, especialista en sustraer bienes públicos de manera continua y escandalosa por varios años, con hijos como Máximo (Kirchner) que declaró una fortuna de más de 400 millones de pesos y como Florencia (Kirchner) que ‘ahorró’ más de cuatro millones de dólares”, dijo el abogado.
División de poderes
En la oposición, mientras, afirmaron que el tema está siendo tratado por el Poder Judicial y que es en ese ámbito en donde se debe resolver la cuestión.
“Es un día importante para las instituciones porque este juicio demuestra que funcionan y eso es positivo. También ha quedado demostrado que a pesar de las presiones, el Poder Judicial actuó con total independencia, y eso es lo central”, apuntó Beatriz Ávila, senadora por Juntos por el Cambio (JxC). “El mensaje que se da es que todos los argentinos somos iguales ante la ley”, añadió.
La congresal tucumana advirtió tres cuestiones principales que surgieron, a su entender, con la causa Vialidad: en primer lugar el funcionamiento de las instituciones; en segundo término la independencia del Poder Judicial; y, por último, el repudio a la “interferencia del presidente (Alberto Fernández) y funcionarios de alto nivel en las causas judiciales cuando no son favorables a sus intereses”.
Por su parte, el diputado por JxC Roberto Sánchez, también se refirió a que el trabajo ahora corresponde a los jueces, aunque aclaró que, en su opinión, los argumentos de Luciani y su equipo están bien fundados.
DIPUTADO. Roberto Sánchez dijo que se “demostró la asociación ilícita”.
“Habló en demasía de que gran parte de los problemas que tiene Argentina se deben a la corrupción que hay en todos los niveles. Ha demostrado fehacientemente la asociación ilícita que había en la obra pública cuando el Gobierno de Cristina estaba al mando, era un entramado perfecto de cómo hacer para sacar el dinero del Estado y ‘blanquearlo’”, aseguró.
El lawfare
Todo el oficialismo salió al unísono para declarar su apoyo a Cristina Fernández. Entre ellos se encuentran el Jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, y el gobernador interino, Osvaldo Jaldo, máximos referentes del justicialismo en la provincia, quienes se manifestaron a través de la red social Twitter.
“Entiendo que con los tiempos que hay no creo que quede proscripta para el año que viene, porque si el fallo en primera instancia es adverso se apelará, y un fallo en primera instancia no afectaría en ese sentido a las elecciones del 2023. No dan los plazos para evitar que la vicepresidenta se presente a elecciones el año que viene, si es que ella quiere hacerlo”, aseveró Pablo Yedlin, senador por el Frente de Todos.
SENADOR. Pablo Yedlin dijo que no podrán proscribir a CFK para el 2023. LA GACETA / FOTO DE JOSÉ NUNO
En cuanto a las denuncias de lawfare que existen en el oficialismo, el senador tucumano indicó que es una práctica que existe en toda Sudamérica. “Brasil ha sido un ejemplo claro de proscripción a Lula (Da Silva) o el impeachment a Dilma (Rousseff). Hay bastantes experiencias de causas judiciales en connivencia con grandes medios de comunicación y grupos opositores que, por lo menos, han jugado a influir en la política. Llámenlo lawfare o como quieran, pero eso existe”, dijo.
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