23 Agosto 2022
Roberto Sánchez, presidente de la UCR en Tucumán. LA GACETA / FOTO DE JOSÉ NUNO
El radicalismo tucumano cuestionó con dureza a la reacción del oficialismo tras la acusación judicial contra la vicepresidenta Cristina Fernández. “En lugar de buscar la verdad con pruebas y hechos, se pretende convertir a CFK en víctima de una presunta conspiración que solo puede entenderse en la mirada distorsionada de quien se cree impune y dueña de un poder que excede a la Constitución”, señala una declaración aprobada en la noche de este lunes por la Junta de Gobierno que preside el diputado Roberto Sánchez.
La conducción del radicalismo objetó que, desde el propio gobierno, se lancen amenazas de desestabilización. “La salud de nuestra Republica necesita de un fallo que ponga luz a la verdad sobre lo sucedido en nuestro país. Solo con la ley y el respeto a la división de poderes podremos recuperar la senda de un país justo, honesto y en el que no haya privilegios para nadie”, precisó la declaración de las autoridades de la UCR.
Reparto de fondos públicos
Por otra parte, en la reunión plenaria realizada ayer, la Junta de Gobierno radical también aprobó una declaración en contra del uso de fondos discrecionales por parte del Poder Ejecutivo. “El gobierno provincial violenta el principio de igualdad y avasalla las administraciones municipales al distribuir recursos públicos con el único criterio de beneficiar a sus acólitos. El reparto de casi $ 9.000 millones en seis meses a favor de distintos municipios y en desmedro de las administraciones de Yerba Buena, Concepción y Bella Vista es una afrenta inaceptable. Se castiga a la oposición para crear ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda dentro de la misma provincia”, remarcaron.
La conducción radical avaló el proyecto impulsado por los legisladores José Ricardo Ascárate y José María Canelada para frenar los aumentos desmedidos de tarifas en los servicios públicos y rediscutir el sistema actual de facturas de la empresa EDET.
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