Por Nahuel Toledo
24 Agosto 2022
Aunque la Justicia le denegó ampliar su declaratoria en el marco de la causa ‘Vialidad’, que la tiene como principal acusada, Cristina Fernández de Kirchner recurrió a las redes sociales para dar su versión de los hechos y plantear su defensa en torno a las vinculaciones que pudieron comprobarse entre dirigentes, empresarios y funcionarios judiciales con el ex presidente Mauricio Macri.
Durante una hora y media, la vicepresidenta cuestionó y detalló con el respaldo de notas periodísticas y expedientes judiciales la falta de investigación con respecto a los nexos entre el ex secretario de Obras Públicas durante su gestión, José López, y Nicolás Caputo, Eduardo Gutiérrez, del grupo Farallón, y Juan Chediack, de la Cámara Argentina de la Construcción. En relación a esto, la ex titular del Poder Ejecutivo fue contundente al manifestar que la sentencia en su contra “ya está escrita”.
Cristina tampoco dudó en asegurar que todo esta situación constituye una clara y “feroz campaña política y mediática” en su contra. Y apuntó contra Javier Iguacel, ex director de Vialidad Nacional durante la gestión de Cambiemos por ser el impulsor de la denuncia del caso Vialidad. “El juicio comienza con esta construcción, con esta ficción de rutas no hechas, sobreprecios. No eran acusaciones, era un guión, falso y bastante malo”, dijo la dirigente del Frente de Todos en alusión a las indagatorias de Diego Luciani y Sergio Mola.
Después de esas declaraciones, la vicepresidente buscó constantemente confrontar con los fiscales del caso por la redeterminación de precios de las obras que se le adjudicaron a Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. “Hay un decreto de la época de Duhalde, no del kirchnerismo que así lo preveía. Es el decreto 1295″, argumentó Cristina Kirchner, intentando echar por tierra las acusaciones de sobreprecios que se denunciaron. Y planteó dudas: “Nadie sabe de dónde sacaron esas cifras. Hay testigos que dicen que no hubo sobreprecios”.
Nada comprobado
La vicepresidenta sostuvo que “nada de lo que dijeron los fiscales fue probado” y “ni siquiera leyeron las pruebas que recabaron” en el marco de la causa. “No solamente no fue probado, sino que se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían. Lo pudimos ver a través de los testimonios de más de 100 testigos citados por el Ministerio Público Fiscal”, señaló.
En este mismo sentido, la funcionaria leyó algunas conversaciones que intercambiaron José López y Nicolás Caputo, el empresario y “amigo de la vida” de Mauricio Macri, en diciembre de 2013 por el pago del soterramiento del tren Sarmiento. “La que se siente una boluda soy yo”, se molestó la vicepresidenta. Y exclamó: “La cotidianidad de las comunicaciones da una relación que me llama la atención que, con los criterios y los códigos que Luciani y Mola han examinado algunos hechos, no les llame la atención esto. ¿Lo habrá leído? Porque si lo leyó y no lo escandalizó, ojo. Se juntaron a comer, pero la jefa de la asociación ilícita soy yo”.
De la mano de esta línea argumentativa, la compañera de fórmula de Alberto Fernández volvió a ponerse en el lugar de víctima del lawfare. “Ya no están los militares, está el partido judicial. Acá van un paso más allá: se protege a los que roban en el país. Es más, se comprueba que Mauricio Macri siguió e hizo inteligencia a los familiares del ARA San Juan, la tragedia más grande que tuvo la Armada Argentina en tiempos de democracia. Está probado con videos, con fotografías, con todo, y sin embargo lo sobreseen. ¿Quién lo sobresee? El arquero del Liverpool, del mismo equipo que juega en Los Abrojos con el presidente de este tribunal, que es Rodrigo Giménez Uriburu, con Luciani, que es el fiscal. Ellos son y a ellos los protegen y no les va a pasar nada. ¿Pero saben qué? A los que sí les pasan cosas son a los argentinos, que no tienen guita, que no les alcanza nada por el endeudamiento que tuvimos y por cómo destruyeron lo que hace 12 años pudimos construir”, protestó.
Cristina Kirchner se quejó también de que no se haya investigado el caso de José López, el ex funcionario que fue capturado con nueve millones de dólares y armas. “Había que ver de dónde venían los 9 millones de dólares. ¿Cómo investigaron esto? Yo me enteré de esto cuando los fiscales metieron esto en la causa entre gallos y medianoches”, dijo. Y planteó: “Pararon de tirar el ovillo, cuando aparecieron ellos, cuando aparecieron los macristas. Los nueve millones de López eran de ellos. Cuando el fiscal dice cuando uno aprieta sale pus. Tiene razón fiscal Luciani, la pus de ustedes los macristas”.
“Ustedes, huyen”
En tono desafiante, la vicepresidenta cargó duramente contra Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien se encuentra prófugo del Poder Judicial. “Ustedes, huyen. Nosotros, cuando nos persiguen, nos quedamos acá, en la Argentina”, dijo la dirigente sobre el ex asesor de Mauricio Macri que está en Uruguay y afronta un pedido de captura internacional en el marco de una causa en la que se lo investiga por la extorsión a los dueños del Grupo Indalo durante el gobierno de Cambiemos. “El jefe de la mesa judicial del macrismo sigue prófugo”, apuntó.
Valiéndose de estos motivos, Cristina Fernández aprovechó su defensa política para enfatizar que este proceso judicial busca “disciplinar” a la clase dirigencial y que además esto apunta de lleno contra el peronismo. “Esto disciplina a la dirigencia política, para que nadie se anime a hacer dos veces lo mismo: decirle al Fondo Monetario Internacional (FMI), pagarle y ‘andate’; decirle dos veces que no a los fondos buitre; ¿decirles dos veces las AFJP, dos veces Vaca Muerta? No. Pero no me arrepiento”, aseguró. Y dijo “esto no es un juicio contra Cristina Kirchner, es un juicio al peronismo”.
Fernández de Kirchner dijo además que los fiscales de la causa Vialidad piden 12 años de detención por “los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas: el de Néstor Kirchner y mis dos mandatos”, ante lo que añadió: “Nos piden 12 años por la memoria, la verdad y la justicia, por el FMI, por las AFJP, por el salario de los laburantes, Por eso me van a estigmatizar y condenar. Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo”.
Más allá de la transmisión que realizó por su canal de YouTube, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner difundió en la tarde de ayer una serie de mensajes, vía Twitter, sobre supuestos pedidos de pagos al Instituto de Viviendas de la Ciudad de Buenos Aires (IVC) entre el ex secretario José López y Nicolás Caputo. “¿Qué es el IVC que mencioné durante mi intervención? Es el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. En estos mensajes que vas a leer, José López le pide a Caputo que gestione pagos de ese Instituto”, publicó la ex mandataria en la red social, donde adjuntó una serie de intercambios del año 2015 entre López -condenado por enriquecimiento ilícito- y Caputo, ex vicepresidente del PRO.
En esta serie de tuits, Fernández de Kirchner expresó: “¿De quién dependía (y depende) el IVC? Del Gobierno de la CABA. ¿Quién era el jefe de Gobierno de la CABA? Mauricio Macri. ¿Quién era el jefe de Gabinete de la CABA? Horacio Rodríguez Larreta”. “¿Quién era el Presidente del IVC que recibe las órdenes de Caputo? Emilio Basavilbaso. ¿Qué hacía Caputo, un empresario de la construcción, manejando y ordenando pagos del IVC? ¿Viste? Flojitos de papeles cobraron igual… con la tuya, contribuyente”, añadió la vicepresidenta. Y para cerrar su hilo remarcó que durante la gestión macrista, Basavilbaso fue designado para manejar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del ANSES.
La acusación de los fiscales contra la vicepresidenta
- Para Diego Luciani y Sergio Mola, Cristina Fernández de Kirchner es la “jefa de la asociación ilícita” y además de ser responsable de “un millonario perjuicio a las arcas públicas”.
- La fiscalía acusó de la existencia de 20 negocios que pactaron Néstor Kirchner y Cristina Fernández con el empresario Lázaro Báez.
- De acuerdo al Ministerio Público Fiscal, la firma Austral Construcciones “se convirtió en el principal contratista de obra pública”.
- Los investigadores destacaron también que parte de los fondos que se utilizaron para la contratación de la empresa constructora pertenecían al “patrimonio de Lázaro Báez y en una segunda etapa se montó un esquema de reciclaje para enriquecer a Néstor y Cristina Kirchner”.
- Para respaldar su pedido de condena, el fiscal Luciani argumentó el cobro con sobreprecio en obras públicas que quedaron sin realizarse.
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