28 Agosto 2022
En 2016 se comenzó a aplicar la ley nacional 27.275, de Derecho a la Información Pública, a partir de ese hito cualquier ciudadano puede solicitar a los poderes del Estado datos sobre el manejo de sus recursos públicos. La norma establece como objetivo garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública, y fija que ese derecho comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información bajo custodia de los sujetos obligados a proporcionar los informes demandados.
Esta legislación instala a la sociedad como un sujeto que puede controlar lo que hacen los distintos organismos dependientes del Estado; al margen de los propios controles internos que existen en la gestión pública. Se apuntó a transparentar la administración del Gobierno nacional.
En Tucumán se adolece de una normativa similar, por lo cual un ciudadano no puede demandar al Estado provincial ningún dato referido al manejo de los recursos públicos locales, sólo puede acceder a información que se proporciona a través del Boletín Oficial, o de las páginas digitales de algunos organismos contralores, como el Tribunal de Cuentas.
En ese marco, a partir de revisar la publicación de decretos del Poder Ejecutivo se pudo, por ejemplo, determinar cuánta fue la ayuda de la Provincia a los municipios del interior en concepto de fondos no reintegrables. Una producción periodística de LA GACETA reflejó que las intendencias afines al color político del Gobierno de turno recibieron más dinero por este ítem que los municipios gestionados por dirigentes de la oposición.
Así por ejemplo, se mencionó que el Ejecutivo remitió $ 9.165 millones a municipios con conducciones afines al Frente de Todos, mientras que en ese mismo lapso sólo se destinaron $ 35 millones para una de las cuatro ciudades gobernadas por intendentes opositores. La Casa de Gobierno negó favoritismo y deslizó que las intendencias solo deben hacer gestiones y solicitar fondos no reintegrables o subsidios para obtenerlos.
En base a esta última afirmación, entonces, los intendentes oficialistas piden y reciben dinero y los opositores no lo solicitan y, por ende, no pueden gozar de estos recursos. Resulta curioso que unos sepan reclamarlos y otros no, pero más que nada desnuda que de alguna manera las vinculaciones políticas priman a la hora de distribuir dinero. Implica una mezquindad que no debiera permanecer como conducta en los funcionarios públicos, y menos ser un rasgo característico en las relaciones institucionales, porque, al fin y al cabo, son las poblaciones de las ciudades que no cuentan con esa ayudas las que pueden padecer la falta de servicios o de obras públicas por falta de inversiones.
La oposición planteó recientemente la necesidad de establecer mecanismos que transparenten el manejo de los fondos no reintegrables y que vuelvan más equitativa la distribución de los dineros. En función de lo que se conoció a través de las notas periodísticas surge que hay beneficiados y perjudicados; razón por la que se hace necesario la implementación de leyes que no favorezcan a algunos por sobre otros, en referencia a las intendencias, y que en el manejo de los dineros públicos no haya discrecionalidad alguna.
Para eso, además, bien vendría una normativa que favorezca el acceso a la información pública de parte de la ciudadanía. Más controles, menos posibilidad de irregularidades.
Lo más popular
