14 Septiembre 2022
La defensa del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, pidió su absolución en el juicio oral por las presuntas irregularidades en las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez para Santa Cruz, donde la principal acusada es la vicepresidenta Cristina Férnandez de Kirchner. En el Tribunal Oral Federal 2, los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro concluyeron ayer su segunda jornada de alegatos.
“A las garantías se les hace pagar el costo de la impunidad y de la ineficacia judicial. Las garantías no tienen nada ni nadie que los defiendan; ellas poseen una sola cosa, nada más: jueces. A diferencia de lo que hicieron los fiscales, justicia es respetar la verdad”, dijo Rusconi en el cierre.
La defensa planteó que hubo irregularidades en los alegatos de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, en los que solicitaron una condena de 10 años de prisión para De Vido por delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta por el caso en el que se juzgan las presuntas anomalías en las 51 obras públicas que recibieron las empresas de Báez entre 2003 y 2015. Según Luciani y Mola, se montó una estructura criminal para beneficiar al empresario que cobró todas las obras pero no terminó la mitad.
Además de pedir la absolución, los abogados solicitaron que se levanten todas las medidas cautelares sobre el ex funcionario. “Hemos perdido toda fe en el estado de derecho. No tenemos ninguna expectativa de que el tribunal juzgue y tome nota de las enormes violaciones de las garantías que ocurrieron en el juicio”, planteó Rusconi en su alegato del lunes. En la audiencia de ayer, el abogado revisó las declaraciones de algunos testigos que desvirtúan la acusación de los fiscales.
Con el objeto de desvirtuar la acusación de los fiscales, recordó que los empresarios Ángelo Calceterra, Juan Chediack y Carlos Wagner marcaron que los anticipos financieros es algo común, como también que los empresarios locales ganen la mayoría de las obras –como fue el caso de Báez- y que es muy habitual que haya redeterminación de precios en las obras. “Las cámaras estaban prendidas y los fiscales escucharon estos testimonios. ¿Qué van a hacer con esto, no les genera la sensación de que va a haber alguna duda? Vergonzosa fue la falta de objetividad de los fiscales”, criticó el letrado.
Por su parte, Palmeiro apuntó a la parte normativa. Señaló que De Vido no manejaba el presupuesto de las obras porque es el Ministerio de Economía el que asigna esos fondos y se encarga de controlar su uso. Agregó que el control de las obras de las obras corresponde a Vialidad de la provincia. “Y está probado que esos controles se hicieron”, añadió.
Además, la defensa tuvo un párrafo para el “plan limpiar todo” que la Fiscalía planteó como las decisiones que se tomaron los últimos días del gobierno de CFK para pagarle a Báez por todas las obras que tenía. El fiscal señaló que el 23 de noviembre De Vido firmó una resolución por la que se pagó al empresario 537 millones de pesos. “Esa decisión fue para que ante el cambio de gobierno las obras no se paralicen”, sostuvo el Palmeiro. Y desvinculó a De Vido del control de los funcionarios del Ministerio de Planificación. “La dependencia era jerárquica, no funcional. Eso significa que el involucramiento sólo está dado en el caso de que exista recurso administrativo. Los saltos argumentales dominan la acusación de los fiscales. No existe ninguna disposición legal que diga que los funcionarios superiores tengan que controlar a sus inferiores. Los funcionarios pueden tener la obligación sobre determinada materia, no de los inferiores. Y eso es materialmente imposible”, señaló.
Cómo seguirá
El juicio continuará el viernes con el alegato de la defensa del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, a cargo del abogado Lucio Simoneti, el cual adelantó que empezará y culminará en la misma audiencia de manera presencial en los tribunales de Comodoro Py. Luego será el momento de la defensa de Cristina Kirchner; empezará el lunes y se espera que su abogado, Alberto Beraldi, utilice las tres audiencias que el tribunal oral le dio a cada defensa.
Los acusados son 13 y la expectativa de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso es dar a conocer el veredicto antes de fin de año.
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