“El juicio del jubilado Toledo no sienta jurisprudencia”

El fiscal de Estado, Federico Nazur, dijo que este es uno de los 1.165 juicios que tiene la Provincia y no tiene nada de especial

Un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán, sala 3, que declaró la inconstitucionalidad de la ley que establece el régimen de inembargabilidad de los fondos públicos y por otro lado, solicitó el embargo ejecutorio para hacer efectivo el pago en tiempo y forma del 82 % móvil por no pago en tiempo y forma de los haberes previsionales adeudados al jubilado Francisco Toledo, generó expectativas en la clase pasiva. Sin embargo, el fiscal de Estado, doctor Federico Nazur, señaló que “este es uno de los 1.165 juicios previsionales que tiene la provincia, y no tiene nada de especial”.

El funcionario indicó que cuando la provincia de Tucumán transfirió su sistema jubilatorio, agregó una cláusula por la cual garantizaba la movilidad. “Esta cláusula es típica del convenio de transferencia de la provincia de Tucumán, otras provincias no la tienen. He hablado con otros fiscales de Estado y les he preguntado cuántos juicios previsionales tenían y, me dijeron que cero, porque de esto, se ha hecho cargo la Anses. En el caso de Tucumán, transfirió el sistema y la provincia garantizó la movilidad, entonces tenemos 1,165 juicios por reclamos de jubilados y este es uno de ellos que es un caso típico”, manifestó.

El doctor Nazur explicó que “la sentencia de este juicio es de 2018, el mismo año se inscribió en el Registro de Sentencias creado por la Ley 8.851. “Este Registro de Sentencias lo hemos promovido desde la Fiscalía de Estado y se ha dictado una ley en virtud de la cual todos los acreedores del Estado, no solo los jubilados, sino todos los acreedores del Estado, se inscriben en el Registro y sus créditos son cancelados con el presupuesto del año siguiente, por estricto orden de antigüedad,. Es un muy buen sistema porque ha terminado con la discrecionalidad en el pago de los acreedores estatales”, dijo.

El fiscal de Estado señaló que se llama Juicio Casacci porque Toledo es uno de los co-actores del juicio. “Logró sentencia en 2018, se inscribió en el Registro de Sentencia y se cobró en 2019, tanto el capital, un millón y medio de pesos aproximadamente (es un poquito más) por el Registro de Sentencias y el abogado, redondeando $155.000. ¿Qué es lo que pasa? Desde que nosotros practicamos planilla hasta que se hace el pago, hay una demora que la hemos ido aceitando, yo le estoy hablando de tres años atrás. Hoy en día esta demora se achicó muchísimo, pero en ese momento, transcurrieron como seis meses desde que se ha practicado la planilla y se ha hecho el depósito de ese millón y medio de pesos en el juicio. Entonces por los intereses por el remanente, Toledo ha hecho una nueva planilla y ha logrado el embargo”, manifestó.

Nazur afirmó que el juicio no sienta jurisprudencia. “Si Toledo hubiera venido por sede administrativa, se lo hubiéramos pagado acá ya sin Registro de Sentencias porque esto ya se había pagado el grueso por registro, ya ha habido otros casos así. En definitiva, es uno de los 1.165 juicios previsionales; tenemos a la fecha 577 sentencias condenatorias del Estado que se vienen cumpliendo puntualmente y a lo largo del tiempo de este Registro de Sentencias, se han inscrito muchos jubilados que han cobrado vía de Registro, Toledo es uno de ellos. Esta sentencia, en general, condena las dos cosas: al pago retroactivo por todos los períodos no prescriptos y la actualización del haber a futuro. Nosotros cumplimos con todo. En el registro de sentencias en los seis años que lleva de vigencia, hemos tenido 255 expedientes de jubilados, con un total de 266 beneficiarios jubilados que han cobrado por registros, reitero uno de ellos es Toledo”.

Finalmente, el fiscal de Estado recalcó que este juicio no tiene ningún carácter especial. “Ha cobrado el hombre en el Registro de Sentencias el capital, como su abogado ha cobrado sus honorarios, y esto es un remanente por una demora que hemos tenido. Le reitero que esta demora se ha ido ajustando. Estamos demorando muy poco en los expedientes, el fiscal está autorizado a pagar hasta $627.000. Hoy en día, la demora es mínima”, consideró.

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