El largo y sinuoso camino de “Las Pirámides”

“Me voy a abstener de declarar”, dijo Próspero Marcelo Sosa ante el juez Guillermo Daniel Molinari. Había sido citado por el fiscal Agustín Chit por “desobediencia a funcionario público”, para que explique por qué siguió construyendo casas en el Barrio privado Las Pirámides, dentro del predio del parque Sierra de San Javier de la Universidad Nacional de Tucumán, si la Justicia le había ordenado en 2019 suspender toda actividad de construcción, tala y depredación en el predio ubicado en la parte alta del cerro, en el km. 28 de la ruta 338, cerca de Villa Nougués.  

Extenso conflicto

Fue el último acto de este drama de enredos en el que se ha visto embarrada la UNT cuando advirtió, hace casi cinco años, que Sosa había empezado a lotear y construir en el predio que ocupaba al sur del parque. Sosa, cuya familia ocupa ese terreno desde hace más de 50 años, había sido acusado de usurpación anteriormente por la UNT (que es dueña del parque desde 1947) y había resultado sobreseído en 2008 por prescripción. Es decir, la UNT lo acusó en 1998 pero nunca siguió la causa y por ello, 10 años después, la Justicia dio por terminada la querella. Sosa interpretó que eso le daba pie a reclamar derecho de posesión.

La UNT dijo que no  tiene lógica ese reclamo, puesto que la Universidad tiene los títulos de propiedad. Sosa, que niega la existencia de la UNT como institución, interpretó que el sobreseimiento le abría el camino para lotear y construir en el predio, ubicado en la parte alta del cerro, del lado oeste, en la ladera hacia el río San Javier.    

Incidentes

La UNT, que en las 14.000 hectáreas del parque ha tenido que hacer malabarismos con algunas ocupaciones, no se preocupó demasiado mientras Sosa solamente vivía en el terreno. Pero hubo algunos incidentes; uno armado, hace 20 años, y otro hace unos cinco años, con excursionistas que iban a la cascadita llamada “El salto de la corzuela”, en el río San Javier, que fueron expulsados por hombres con armas (aparentemente, gente de Sosa).

En 2018, con el predio ya loteado, comenzó a comercializar por internet el barrio privado. En 2019 había 21 casas construidas y la UNT pidió una medida a la Justicia, aduciendo no sólo que se estaba construyendo sino que se estaba talando y depredando el bosque nativo y el paisaje. Hubo una inspección ordenada por la Justicia; luego una orden de no avanzar con las construcciones y en 2021 una nueva denuncia de la UNT dio cuenta de que se había seguido edificando. Este año hubo otra inspección judicial con secuestro de maquinarias y elementos de construcción. “Ya hay 53 casas”, dijo Máximo Castro, el abogado de la UNT. “Es una zona roja para la protección del bosque nativo”, agregó.  

Lento devenir

La desobediencia le podría costar a Sosa, en caso de que el juez lo encuentre responsable, una sanción económica, una multa, acaso un embargo de algún bien, posiblemente. La cuestión es que la Universidad, para hacer valer su derecho, está esperando la acción de la Justicia, que no sólo es lenta por su situación estructural (hay tres juzgados, de los cuales uno no funciona por carecer de personal y elementos), sino por su sistema de funcionamiento que explica que una causa como esta, que debería insumir dos o tres semanas hasta su resolución, lleve ya casi cinco años sin que se pueda hacer prácticamente nada.

No solo se trata de Sosa, que administra el predio, sino de otras personas que compraron y construyeron. “En el operativo que se realizó para secuestrar maquinaria hubo gente que se acercó para decir que eran compradores de buena fe –dijo Castro-. Pero no hay buena fe en esto.  Saben que compraron algo sin títulos y se dejó un cartel explicando que la causa está en la Justicia Federal”.  El cartel fue sacado por manos desconocidas apenas terminó el operativo.

En este asunto ya hubo una damnificada, Lorena Vasallo, que informó en la Justicia que tiene conflicto con Sosa, al que denunció. Ella dijo que le quemaron la casa y se fue del barrio. Otros habitantes del lugar que están en querella con la UNT son un matrimonio de apellido Fernández, que ha construido una especie de mansión en lo alto del cerro.

Distintos criterios

¿Qué va en contra de la UNT? Que, por un lado, la idea de protección del bosque nativo y de las laderas del piedemonte parece funcionar en las  municipalidades de Yerba Buena y de Tafí Viejo, que han limitado la urbanización en la zona alta, pero no tiene efecto en las áreas de las comunas rurales como Nueva Esperanza o San Pablo. De hecho, a muy poca distancia de “Las Pirámides”, en la circunscripción de Villa Nougués, hay un country y otro en construcción. Están en la misma zona roja, pero autorizados por las reparticiones provinciales de Medio Ambiente, Bosques y Catastro.

La otra contra es esa larga espera que deja la Justicia, que les da a quienes quieren construir irregularmente, como Sosa, las expectativas de que no va a pasar nada. “Para el año que viene tenemos que tomar una decisión en cuanto al aspecto interno de la Universidad para prevenir el daño –concluye Castro-. El éxito del trabajo de nosotros está en que nadie más ponga un ladrillo en el bosque nativo. Tenemos que ponernos un poco más creativos y acompañar con acciones positivas a la Justicia”. Según el abogado, al final del camino se deberá demoler el barrio entero y restituir los árboles talados, para que el bosque retoñe.