14 Febrero 2023
EL CADILLAL / Foto de Archivo LA GACETA
El Gobierno provincial quedó a un paso de poder dar inicio a las obras de reparación por las filtraciones en la presa lateral N° 3 del dique de El Cadillal.
El Tribunal de Cuentas, a través del acuerdo N° 148/23, se expresó sin formular observación al decreto 343/8, firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo, para autorizar la adjudicación del proyecto a la unión transitoria de empresas (UTE) Mercovial SA - Sabavisa SA, por un monto cercano a los $689 millones.
Para arribar a esta decisión, el ente de contralor del erario provincial valoró las conclusiones de la comisión de Preadjudicación que había intervenido en la etapa del cotejo de precios, con la participación de expertos y de representantes de distintos organismos públicos, en el marco de la contratación directa autorizada por el decreto de necesidad y urgencia 1/23 (ratificado por ley 9.685).
Los informes oficiales advirtieron sobre los riesgos para la provisión del agua -en especial, para el sector productivo- producto de los daños constatados en el dique, concesionado a la empresa Hidroeléctrica Tucumán SA.
Como esta compañía alegó la falta de recursos para afrontar los trabajos, según consta en el DNU, el Gobierno provincial resolvió hacerse cargo de la erogación para evitar complicaciones en el suministro del agua, y a la vez gestionar ante la Nación el reembolso de los fondos invertidos en la reparación del “Celestino Gelsi”.
A la hora del cotejo de precios, se recibieron tres ofertas, elevadas por Mercovial-Sabavisa, en un plazo de cuatro meses; por Fundaciones Especiales ($846 millones, en siete meses); y por José Cartellone Construcciones Civiles SA ($1.074 millones y un plazo de 18 semanas; es decir, cuatro meses y medio).
En el acuerdo 148, firmado por los vocales Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (el presidente, Miguel Terraf, se encuentra de licencia), el TC analizó los antecedentes del caso, en el marco del control preventivo previsto por la normativa vigente.
El Departamento de Ingenieros Fiscales, en su informe, recordó que la comisión de Preadjudicación consideró la propuesta de la UTE Mercovial-Sabavisa como “la más conveniente a los fines del Estado Provincial”.
“Analizada la documentación presentada por los oferentes, y atento a que por la excepcionalidad de las cuestiones (que por su especificidad técnica excede el marco ordinario de gestión provincial) se requirió intervenciones y se expidieron expertos y comisiones especiales, éste Departamento no emite opinión al respecto, siendo exclusiva responsabilidad de la Administración la solución adoptada, la contratación y la correcta ejecución de la obra”, añadieron los ingenieros fiscales.
Dos cuestiones advertidas por el TC
Más allá del visto bueno para la adjudicación de la obra, el Tribunal de Cuentas efectuó dos aclaraciones en el acuerdo 148/23.
“Es preciso destacar que, previo a la firma del contrato respectivo, deberá constituirse la UT (unión transitoria) entre Merco Vial SA y Sabavisa SA, conforme el compromiso asumido contractualmente por ambas personas jurídicas”, advirtió el ente de contralor.
Por otro lado, se recalcó que “el Poder Ejecutivo, oportunamente, deberá informar a este órgano de control las medidas adoptadas” para recuperar los fondos destinados a la reparación del dique, tal como se consignó en el DNU 1/23.
El Gobierno provincial había estimado como fecha de inicio de las obras en El Cadillal el 15 de febrero, según el anuncio del ministro de Obras y Servicios Públicos, Fabián Soria. Con el avance del proceso administrativo, el PE quedó habilitado a rubricar la adjudicación de la obra a favor de la UTE, con lo cual en los próximos días podrían comenzar los trabajos en la presa lateral n°3 del embalse.
Esta cuestión había ocupado el centro de la atención del oficialismo durante el receso de enero. A su vez, legisladores de la oposición, como Walter Berarducci (PJS) y José Ricardo Ascárate (UCR), habían expresado duros cuestionamientos hacia las empresas seleccionadas; e incluso un dictamen de minoría, formulado por el representante del Órgano Regulador de Seguridad de Presas, había considerado que convenía contratar a la firma Fundaciones Especiales SA. Sin embargo, el gobernador Jaldo refutó las críticas, al señalar que se había tratado de un trámite “transparente, legal y constitucional”.
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