Caso Lebbos: Pidieron efectivizar la pena de uno de los condenados

Acusaron a Waldino Rodríguez de incumplir las tareas comunitarias impuestas, pero la defensa acreditó que eso no fue culpa del sentenciado, sino de un trámite administrativo

23 Marzo 2023

Por el incumplimiento de las tareas comunitarias que debía hacer, el martes se solicitó que se le quite la condicionalidad de la pena a uno de los condenados por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos. El planteo finalmente no prosperó porque se consideró que la medida no se pudo cumplir, no por culpa del penado sino por un error de índole administrativo.

En febrero de 2019 concluyó el segundo juicio por el homicidio de la estudiante de la carrera de Comunicación Social. El hecho quedó impune porque los acusados de haberla matado terminaron absueltos; sin embargo, se probó que hubo funcionarios que encubrieron el crimen.

Por ese delito fueron condenados Eduardo di Lella (ex secretario de Seguridad), Hugo Sánchez (ex jefe de Policía), Nicolás Barrera (ex subjefe de Policía), Héctor Brito (ex jefe de la Unidad Regional Norte) y Waldino Rodríguez (ex policía de Raco). Pero además, los jueces pidieron la investigación de otras personas que también podrían haber encubierto el hecho que conmocionó a la provincia y al país en la década del 2.000.

El 26 de febrero de 2006, tras salir de un boliche, Paulina se subió a un remise Fiat Duna en la esquina de avenida Alem y pasaje José Gutiérrez junto a su amiga Virginia Mercado. La compañera descendió en La Rioja al 400 y Lebbos continuó su viaje hacia la casa de su pareja César Soto, pero nunca llegó a ese domicilio. Su padre, Alberto Lebbos, denunció entonces la desaparición.

El 11 de marzo de 2006, los hermanos Marcelo y Sergio Goitea encontraron en la vera de la ruta 341 el cuerpo de la joven. Funcionarios policiales fraguaron actas de procedimiento informando que el descubrimiento había sido realizado en un rastrillaje realizado por personal de la comisaría de Raco, donde trabajaba Waldino Rodríguez. En el juicio se probó que hubo irregularidades en la preservación del lugar y en el levantamiento y conservación de pruebas.

Incumplimiento

“Él estaba obligado a cumplir con una serie de medidas para gozar de una pena condicional. Como no las hizo hasta ahora, planteamos que debía efectivizarse su pena”, señaló Alberto Lebbos, que no se extrañó de que el pedido fuera rechazado. “Sabemos que hay un sistema colapsado: no hay lugar para albergar más presos ni hay pulseras de control suficientes. Al final le dieron otra oportunidad”, explicó. También aprovechó la entrevista con LA GACETA para reiterar su pedido de que la Justicia avance con la investigación a las 40 personas que se pidió investigar por encubrimiento en 2019.

Por otra parte, el abogado de Rodríguez, Carlos Posse, argumentó: “en agosto le impusieron cumplir tareas comunitarias ya sea en el club de Tapia, o en la escuela de esa localidad. Quedó en discusión en cuál de las dos instituciones ayudaría y nunca nos informaron a dónde debería asistir”.

En la audiencia se explicó ese inconveniente. “Evidentemente hubo un error de comunicación entre el Juzgado, el Ministerio Público y la oficina de probations. Planteé eso en la audiencia y me dieron la razón. Se resolvió que deberá cumplir las tareas por ocho meses en la escuela, pero aún falta que administrativamente nos notifiquen si la institución está de acuerdo y cuándo debe empezar”, concluyó el defensor.

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