Juicios contra la Caja Popular: "Una pyme de algunos picaritos y de parte de la Justicia"

Eduardo Bourlé, legislador provincial y dirigente de la Bancaria, cargó contra un estudio jurídico y una jueza tucumana.

Eduardo Bourlé, legislador aliado al oficialismo. Eduardo Bourlé, legislador aliado al oficialismo. ARCHIVO LA GACETA
15 Abril 2023

El legislador provincial Eduardo Bourlé, dirigente de la Asociación Bancaria de Tucumán, se expresó en duros términos a propósito de una serie de juicios contra la Caja Popular de Ahorros (CPA), a los que calificó como "una pyme de algunos picaritos y de parte de la Justicia".

"Mientras algunos jueces protegen los intereses de EDET, desoyendo los reclamos de los tucumanos, otros benefician a un estudio jurídico denunciado por defraudación agravada y falsificación para perjudicar a la Caja Popular de Ahorros", planteó el dirigente bancario.

Según Bourlé, el estudio jurídico en cuestión "promovió decenas de demandas contra la Caja Popular de Ahorros para cobrar indemnizaciones indebidas de la ART". "Para esto, adulteraron los hechos y hasta falsificaron test de PCR. Desde 2020 hasta la fecha, armaron 160 denuncias irregulares. Llamativamente, casi siempre sale 'sorteado' para entender en estas causas armadas el Juzgado de Trabajo XI, a cargo de Sandra Alicia González", añadió.

El referente sindical aseguró que "esta jueza, con una velocidad inédita, trabó 12 embargos exprés en contra de la Caja Popular de Ahorros, y en muchos casos sin siquiera estar notificada de la demanda la Institución".

Y denunció luego que la magistrada "beneficia a un estudio denunciado por defraudación agravada y falsificación, solo para perjudicar a la aseguradora de los trabajadores del Estado y a los trabajadores con casos de accidentes laborales o enfermedades profesionales".

"Esta jueza prescinde de los hechos y del derecho aplicable, no pondera el interés público ni la sustentabilidad del sistema, solo para beneficiar a particulares denunciados por defraudación y falsificación. Desfinancia a la Caja Popular de Ahorros solo para resguardar los bolsillos de particulares que dolosamente manipularon las leyes para quedarse con dinero del Estado", insistió Bourlé.

Y aclaró que en otros despachos "no se da esta situación sospechosa e irregular; sólo en el juzgado de Sandra Alicia González". 

"Los tucumanos y sus Instituciones, en este caso la Caja Popular de Ahorros, se encuentran desamparados ante el proceder de estos jueces que ignoran sus reclamos, bajo la premisa de defender a los poderosos. El caso EDET es otra muestra de esto. Como representante del pueblo exhorto al resto de mis pares a adoptar las medidas constitucionales que correspondan a los efectos de que aquellos miembros del Poder Judicial que miran a un costado, honren el cargo para el que fueron designados y se ocupen de aplicar la ley para solucionar los problemas de los tucumanos y resguardar a sus Instituciones", cerró el legislador Bourlé.

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