20 Abril 2023
CAJA POPULAR DE AHORROS / Foto de Archivo LA GACETA
La polémica entre la Caja Popular de Ahorros y un sector de la Justicia escaló un grado más en las últimas horas. Esto se debe a una presentación firmada por el interventor de la institución, José Díaz, que fue dirigida a la presidenta de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán, Marcela Ruiz.
El escrito tiene la misma tónica que el pedido realizado días atrás a la Fiscalía de Decisión Temprana de la Justicia provincial, en el que Díaz solicitó que se le conceda el rol de querellante en la causa por presuntas irregularidades en juicios contra la entidad crediticia.
Según introduce Díaz en el texto, la intención del documento es la de “aclarar ciertas cuestiones que han sido de público conocimiento, para que desde ese espacio se sirva tener conocimiento detallado de la situación y de corresponder se adopte una posición al respecto”.
A continuación, se lleva adelante una meticulosa explicación de los hechos que se denuncian desde la Caja Popular, que tiene que ver con presuntas irregularidades en juicios llevados adelante contar la entidad. Díaz aclara que se realizó, durante la pandemia, una serie de reclamos de siniestros ante la ART de la institución, todos provenientes de un mismo estudio jurídico, Sandoval & Campero.
Según denuncia la Caja, se detectaron maniobras ilícitas en esos reclamos, todos relacionados con casos de Covid: hisopados falsificados, empleados que no estaban trabajando, según sus empleadores, al momento del contagio, ausencia de planillas de asistencias, e incluso empleadores que admitieron no haber hecho esas denuncias. Todos estos procedimientos sospechados, sostienen desde la institución, se llevaron adelante con el objetivo de recibir el pago de indemnizaciones dentro de la ley de riesgos de trabajo.
Díaz puso énfasis en el proceder de la Justicia ante la denuncia de la Caja Popular por estos hechos, apuntando contra el Juzgado de Trabajo XI, a cargo de la Sandra Alicia González. Según remarcó, en numerosos casos, el juzgado trabó embargo contra la entidad sin fundamentos, “desconociendo las disposiciones normativas que rigen a esos procesos, las pruebas de irregularidades y las pruebas que surgen de las actuaciones de SRT, de la CPA y de la contestación de la demanda”.
El documento reza que este juzgado es “el único que ha procedido de esta forma tan parcializada, abusiva y arbitrada, no habiendo precedentes”. Y en esa línea, expresa que “es inevitable pensar que existe algún tipo de vinculación entre el juzgado y los denunciados”.
Luego de detallar varios casos, y de reiterar sus demandas, Díaz afirma que pone a total disposición de la Asociación de la Magistratura “la totalidad de la documentación que sea necesaria para vuestra compulsa, así como también la causa penal, que tramita por ante la Fiscalía de Decisión Temprana”.
“Esperamos sepa esa Asociación tener muy presente la situación aquí expuesta y denunciada en la justicia penal, a los fines que desde su lugar sirva para optar una posición coherente y apoyar a nuestra Institución en este momento tan delicado”, concluye el documento.
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