21 Junio 2023
PROTESTA. Docentes llevaron adelante la tercera marcha de antorchas de manera consecutiva. Foto tomada de jujuyalmomento.com.ar.
El clima de tensión en Jujuy no cesa tras los graves incidentes que se produjeron ayer. Docentes llevaron adelante la tercera marcha de antorchas de manera consecutiva para expresar su descontento con las medidas gubernamentales.
La movilización contó con la presencia además de organizaciones sociales, personal sanitario autoconvocado, comunidades originarias y hasta agrupaciones gauchas se plegaron a la movilización.
También fueron parte de la misma, los mineros de El Aguilar quienes se trasladaron desde el interior a Capital para hacer pública su situación, consignó el sitio Jujuy al Momento.
Cada uno con su pedido puntual y con aspectos que los unen como lo son el pedido de mejoras de sueldo y el rechazo a la reforma constitucional del gobierno de Gerardo Morales.
Origen del conflicto docente
En la primera semana del mes se desarrolló la primera marcha con antorchas por las calles céntricas de San Salvador de Jujuy, que fue convocada por la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) y el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS).
"Los trabajadores de la educación, la salud, municipales, cooperativistas, organismos de Derechos Humanos y autoconvocados nos movilizamos en defensa del derecho a la protesta, por trabajo y mejor salario", anunciaron en un comunicado conjunto las entidades jujeñas.
La docencia pide un salario de bolsillo mínimo de $ 200.000, que es el valor de la Canasta Básica. El gobierno jujeño ofrece un salario inicial docente para junio de $ 175.000, que comprende un incremento del piso salarial fijado por la paritaria nacional de $145.000, que en Jujuy se incrementaría en $ 30.000 y llevar a $ 7.000 el monto por Título y modificar el cálculo del Presentismo.
Protesta por la reforma constitucional
La Convención Constituyente de Jujuy aprobó la reforma parcial de la Constitución provincial, promovida por el gobernador luego de suscribir el texto general y cada uno de los artículos con la mayoría de los votos de los representantes oficialistas y del Frente Justicialista.
El acelerado tratamiento de las modificaciones de la carta magna solo llevó dos sesiones ordinarias, durante las cuales se presentaron ocho renuncias de convencionales constituyentes, seis del Frente de Izquierda Unidad y dos del Frente Justicialista, en desacuerdo con la reforma.
La votación se realizó de manera nominal para su aprobación en general como también los puntos del texto y las normas transitorias por parte de los representantes del Frente Cambia Jujuy y el Frente Justicialista.
La reforma generó gran controversia debido al rechazo que encabezan la oposición y agrupaciones sociales y sindicales.
Con el voto de los 29 representantes oficialistas se ratificó la “prohibición de cortes de ruta” en el marco de protestas, en un artículo que también impide la ocupación de edificios públicos en el marco de los reclamos sociales y gremiales.
La discusión se llevó a cabo en un contexto de permanentes movilizaciones afuera del recinto parlamentario en la capital jujeña y en todo el territorio provincial en rechazó a la reforma parcial de la carta magna.
Durante el debate, Morales ocupó la presidencia como convencional para defender el proyecto de reforma constitucional y señaló que “hay una sensación de escaso tiempo del trabajo de la convención”, al tiempo que ratificó “el trabajo de los representantes que discutieron por más derechos”.
“Los desafíos a 40 años de la sociedad jujeña tienen que ver con nuevos derechos. Se ha planteado una idea conceptual desde que se votó la ley de reforma parcial para reafirmar la vigencia de la paz que hay en nuestro pueblo”, sostuvo.
“No vamos a volver atrás”, añadió al defender la iniciativa, en un contexto de masivas movilizaciones en contra de la reforma.
Asimismo, defendió el concepto de prohibir los cortes de rutas y calles: “El ejercicio de derecho de la manifestación no puede obstaculizar el ejercicio de otros derechos y este es el debate que tiene que ver con la consolidación de la paz”, expresó.
Luego los convencionales presentes aprobaron los dictámenes emitidos por mayoría de las diversas comisiones para luego ratificar cada uno de los artículos separados en siete apartamientos.
De esta manera, el oficialismo jujeño se aseguró los cambios con rango constitucional en un debate que se llevó adelante en poco más de dos semanas.
¿Qué artículos dio de baja Morales?
Morales suspendió dos artículos de la Constitución reformada porque generan “dudas” en las comunidades indígenas. Son el 36 y el 50, que momentáneamente vuelven a la redacción original de la Constitución del año 1986.
Durante las sesiones, se trató la imposición de nuevos órganos y reglas que se impulsan en la administración de justicia en la provincia y modificaciones en el Régimen Electoral y el Régimen Municipal.
El artículo 36 se refiere al “Derecho a la propiedad privada”. La nueva Constitución añade incisos al texto anterior y elimina algunos preceptos. La modificación aprobada quita del texto el párrafo que establecía que el derecho a la propiedad privada “no podrá ser efectuado en oposición a la función social o en detrimento de la salud, seguridad, libertad o dignidad humanas”.
Y agrega condiciones, como la que indica que “las leyes procesales de la Provincia deben incorporar mecanismos y vías rápidas y expeditivas que protejan la propiedad privada y restablezcan cualquier alteración en la posesión, uso y goce de los bienes a favor de su titular”. También, añade que “será considerada grave violación al derecho de propiedad la ocupación no consentida por parte de una o varias personas que impida al titular de la propiedad ejercer los derechos que le asisten según esta Constitución y la ley”.
En tanto, el artículo 50, el otro que Morales dio de baja, es el que se enfoca en los “derechos y garantías de las comunidades de los pueblos indígenas”. El gobernador resaltó el inciso 3 de ese artículo como el que genera mayores resistencias en las comunidades indígenas. “El Estado promueve la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano”, se lee en ese párrafo del nuevo texto constitucional.
El inciso 1 del artículo 50 “reconoce la preexistencia étnica y cultural de las comunidades originarias y pueblos indígenas de Jujuy y garantiza el respeto a su identidad, espiritualidad, herencia cultural, conocimientos ancestrales y el derecho a una educación bilingüe e intercultural”. El segundo, marca que “el Estado es el encargado de reconocer tanto la personería jurídica de las comunidades dentro del territorio provincial como la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, con el fin de garantizar y reafirmar la integridad territorial de la Provincia en la Nación”.
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