La reducción del servicio de ómnibus en la provincia en un 25%, decidida por la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) está generando enormes complicaciones a la comunidad y es el resultado de un conflicto que podría agravarse, porque, por un lado, los funcionarios provinciales y municipales remarcaron que se trató de una decisión unilateral y que está bajo evaluación si habrá sanciones contra las firmas prestatarias; por otra parte, los mismos empresarios, que se han declarado en situación de quebranto, han anunciado con estas medidas la suspensión progresiva y temporal del personal. Por ello, la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) se declaró en estado de alerta y movilización y los referentes gremiales no descartan una medida de fuerza para esta semana, momento en que, además, debe hacerse efectivo el pago de sueldos.

Los directivos de Aetat anunciaron estas “medidas extremas no deseadas” independientemente de los inconvenientes que se desatan todos los meses con la ecuación no resuelta de subsidios nacionales y provinciales, precio del pasaje de colectivos y costos. Ahora surgió esta decisión de reducir el servicio y de suspender personal luego de la devaluación y el aumento de costos en lo que hace a suba de combustibles, entre otras cosas.

“Están actuando de manera unilateral”, remarcó el secretario de Transporte y Seguridad Vial de Tucumán, que advirtió que las normas vigentes establecen que los empresarios no pueden modificar los servicios sin la expresa autorización de la Secretaría que encabeza, la cual es organismo de contralor. Dijo que entre las sanciones que podría aplicar la Secretaría de Transporte están las multas, en los casos más leves, hasta el quite de concesiones, en casos más severos. Indicó que se están haciendo los relevamientos para conocer cuál es la situación en cada caso en las líneas provinciales y en base a eso se analizará cómo proceder. Nicastro afirmó que la Provincia mantiene una mesa de diálogo permanente con los transportistas, por la fragilidad económica que atraviesan, por lo que se expresó sorprendido por la determinación. El gobernador afirmó, por su parte, que la Casa de Gobierno cumplió con todos los aportes con los empresarios y que desde inicios de agosto se autorizó un incremento del precio del boleto en un 43%. “Habrá que buscar el modo de seguir negociando”, dijo. Fuentes gubernamentales reconocieron que no estarían en condiciones de adelantar desembolsos. Por último, el secretario advirtió que los fondos compensatorios que reciben las empresas son aportados por la Nación y por la Provincia. “Correspondería que la Municipalidad participe”. El secretario de Gobierno municipal, por su parte, consideró que el sistema actual está en crisis, “al punto del colapso”. Indicó que los ajustes para solucionar la problemática serían una suba de subsidios o de la tarifa, algo que no ve posible.

Al respecto, cabe considerar que esta semana volverán a generarse tensiones por el pago de sueltos, a partir del jueves, cuando es de esperar que estén entregados a tiempo los subsidios de la provincia y de la Nación, que, según los empresarios, apenas alcanzan para el pago de sueldos, no para cubrir los costos del transporte. En todo este problema, los usuarios están como rehenes de un conbflicto itrrefsuelto que los somete a largas esperas y complicaciones laborales, de estudio y de variada índole. Cabe pensar que es posible que para fines de la semana se produzca un paro. Convendría, entonces, que hoy mismo haya negociaciones con vistas a resolver este problema que se arrastra desde hace años y que ha llegado, efectivamente, a un punto de colapso.