Los túneles de Córdoba y Mendoza se han convertido en un incordio para la Provincia y el Municipio capitalino. Los ductos se cierran con frecuencia porque se inundan. Las vías subterráneas, inauguradas en 2016 y 2017, se hicieron para sortear el cinturón de hierro ferroviario en esas calles, bloqueadas a la altura de Marco Avellaneda y Suipacha, por la playa de maniobras del Belgrano Cargas. Siempre estuvieron en el centro de la polémica por distintos motivos, que van desde las disputas políticas hasta los inconvenientes técnicos que presentó en estos años.

La obra, que fue cuestionada desde antes de que se iniciara, había comenzado durante el último Gobierno de José Alperovich; y fue inaugurada, en dos etapas, por el de Juan Manzur. El tironeo entre las administraciones provincial y municipal por quién debía hacerse cargo del mantenimiento trascendió todas las gestiones que se sucedieron desde entonces. Se extendería, inclusive, a las actuales que encabezan el gobernador Osvaldo Jaldo y la intendenta Rossana Chahla.

Sucede que desde que fueron terminadas por la Provincia, los gobiernos municipales no admitieron el pase de la obra a su órbita ¿El motivo? Que las estructuras presentarían problemas (fueron reparadas en varias oportunidades) y que el mantenimiento del sistema que drena el agua es costoso y permanente.

En diciembre, los túneles estuvieron fuera de servicio al menos dos veces, durante lluvias copiosas. Se debió a que en una de las oportunidades el tablero que acciona las bombas fue vandalizado y quedó sin funcionar. En la otra, una de ellas se quemó por la cantidad de basura que absorbió. Las bombas no sólo funcionan cuando hay tormentas, sino que extraen permanentemente cientos de litros de agua por día porque las napas son superficiales en la zona y porque hay un río subterráneo. Cada uno de los túneles tiene 160 metros de largo, seis metros de ancho y cinco metros de altura.

El vandalismo, la jurisdicción y el estado del complejo son, entonces, los problemas problemas. Los robos y daños son constantes. Se extraen cables, focos y reflectores. Además, desconocidos suelen romper las puertas de las cabinas donde está la instalación eléctrica. El asunto no solo afecta a los túneles, sino también a la pasarela peatonal, que suele tener rotos los canteros y los tensores. El predio, además, tiene una triple jurisdicción: el playón de los trenes pertenece a la Nación; las calles internas de los túneles y las plazoletas que lo rodean corresponderían de la Ciudad y la obra, a la Provincia. Por último, las cuestiones estructurales son las que más preocupan a largo plazo a las autoridades.

Recientemente, los túneles pasaron de depender de la Secretaría de Obras Públicas al Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys). Esta oficina técnica está bajo la jurisdicción de la Secretaría de Energía que encabeza José Ricardo Ascárate bajo el paraguas general del Ministerio de Obras. “El mantenimiento que podemos hacer es sólo la reparación de tableros y bombas. Hablamos con el Municipio, pero no quieren tener un gasto más. Nosotros podemos colaborar con el mantenimiento de las bombas, pero terminan trancadas y quemadas por la basura y el barro que ingresa en la boca del túnel. La última bomba que sacamos estaba destruida. Debería limpiarse más esa zona”, consideró Ascárate en diálogo con LA GACETA. Añadió que el Sepapys debe atender a todos los municipios y comunas. Otro inconveniente que subrayó es la falta de seguridad y recordó que meses atrás fue sustraída una bomba completa. Opinó que debería haber guardia permanente.

“La obra tiene problemas de diseño que se solucionaron con las bombas, pero hay que mantenerlas y a todo el entorno. El Municipio debería recibir la obra. Recientemente envié una nota a la Intendencia para que por favor limpien los imbornales”, consignó. Ascárate mencionó que el tema se trató en algunas reuniones bilaterales, pero sin avances.

Fuentes de la gestión municipal advirtieron que no tienen previsto tomar los túneles, por cómo se encuentra el lugar y por los costos que representaría hacerse cargo del mantenimiento.

El secretario de Servicios Públicos capitalino, Luciano Chincarini, afirmó que están aumentando la capacidad operativa del Municipio y que alcanzarán esa zona pronto. “Están trabajando muchos de los empleados que antes no estaban en la calle. Estamos desmalezando y levantando basura a diario. Vamos resolviendo a medida que reordenamos la capacidad de trabajo”, detalló el funcionario.

De larga data

Los inconvenientes entre el Municipio y la Provincia por los túneles datan desde una década antes del comienzo de las obras. Durante la gestión de Domingo Amaya se había presentado una propuesta alternativa integral para la remodelación ferro-urbanística. Esa idea no prosperó, pero sí propuesta del gobierno de Alperovich. Hacia el final de ambas gestiones, las relaciones se entorpecieron porque Amaya pasó a ser un referente de la oposición.

Una vez que fueron inaugurados los trabajos ya estaba en la intendencia Germán Alfaro, quien decidió no recibir la obra.

El ex secretario de Obras Públicas, Alfredo Toscano, explicó que consideraron que la obra tenía vicios y estaba incompleta. Detalló que tenían un proyecto para trabajar en la mejora de los desagües en general, mediante nuevas conexiones, y que el agua no desembocara en el canal de San Luis-Suipacha, sino en el río Salí. “Lo estudiamos con el equipo hídrico del Municipio, que es muy bueno. Son obras millonarias. Los últimos desagües urbanos son de los 70, cuando no había tantos edificios”, explicó. Y afirmó que “la obra claramente tiene vicios de construcción, que la Provincia se había comprometido a resolver”. “Nunca pudieron hacerlo. El municipio no podía recibir una obra inconclusa. Tiene inconvenientes en las losas, la electricidad, hay fisuras también en las paredes”, añadió.