Micaela Pinna Otero
LA GACETA
Las investigaciones por las múltiples amenazas de bomba que alteraron a gran parte de la Capital, Yerba Buena y Tafí Viejo durante la segunda mitad del año pasado no cesan. Ayer se imputó a una adolescente de 17 años por haber enviado una falsa alarma al colegio Las Esclavas en agosto de 2023.
La auxiliar fiscal Jessie Luz García explicó el hecho y expuso las evidencias que recabaron a raíz de distintas medidas investigativas practicadas, como los informes de titularidad provenientes de las empresas prestatarias de internet y el secuestros de dispositivos electrónicos para sus respectivas pericias. Acto seguido acusó a la joven E.L.V de ser autora del delito de intimidación pública.
Estaba previsto que en la audiencia de ayer se formularan los cargos contra la adolescente y que también se exponga ante la jueza de menores Elizabeth Raddi un acuerdo de suspensión de juicio a prueba -también conocido como probation- al cual habían arribado entre la Fiscalía de Cibercriminalidad, conducida por Carlos Saltor, el defensor José Maximiliano Rasguido, la menor y su madre. En dicho acuerdo la acusada se comprometía a realizar tareas de servicio comunitario en una institución de ancianos.
Sin embargo, tras la intervención de la Defensoría de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida (DNAyCR), el representante Andrés Avellaneda se opuso a la imputación de cargos y a la probation y en cambio solicitó la suspensión por 10 días para realizar un dictamen psicológico de la menor.
El rotundo revés sorprendió a los miembros de la Fiscalía quienes adelantaron que en la próxima audiencia propondrán nuevamente la probation. “Vamos a seguir en nuestra postura, tenemos todas las pruebas. Además nos parece que el acuerdo es muy conveniente para ella. Sino no nos quedará otra que ir a un abreviado o pedir un requerimiento de apertura a juicio para ir a un debate oral”, informó Saltor.
El fiscal destacó que cada vez son más los casos en los que los menores se hacen cargo de sus actos en lugar de dejar que sus padres asuman la responsabilidad. “Teniendo en cuenta su edad también son las medidas que estamos tomando”, indicó. También remarcó que de los 150 legajos abiertos la mayoría ya se fueron cerrando. “La difusión del trabajo de la Fiscalía sirvió para que entiendan que tenemos las herramientas y que podemos ponerlos en una investigación que no es grata. Desde que empezaron las clases hasta ahora no tuvimos ninguna amenaza, ni adentro ni afuera de las instituciones”, sostuvo.