El escándalo desatado por el robo de celulares en una fiesta de Yerba Buena está lejos de aplacarse. Un testigo reveló algunos detalles de lo que sucedió en la sede de un club de avenida Aconquija al 1.300 en el que se suspendió el recital de Doble P por los ilícitos cometidos.

Marcos A. estuvo presente en el fallido show. Responsabilizó de lo acontecido a los organizadores. “Se vendieron muchísimas entradas y no había la seguridad suficiente. Eran tres patovicas para controlar el ingreso y otros cinco adentro. No había nadie más”, señaló.

El joven relató que los primeros problemas se generaron en el ingreso al club. “Hubo filas interminables. Primero pasaron las mujeres y después los varones. Eran tantos que a nadie requisaron. Pasaron de todo”, explicó Mauro. “Había tres chicas que tenían gas pimienta. Les arrojaban a la gente a la cara y cuando levantaban sus brazos para protegerse, les quitaban los celulares”, añadió.

Los vecinos del club también quedaron sorprendidos por lo que sucedió. Juana Herrera indicó que se despertó por los griteríos y las corridas. “Había padres desesperados tratando de ayudar a la Policía a controlar a los más exaltados y preguntando a sus hijos quiénes eran los que les habían robado. Mientras tanto, los uniformados hacían lo imposible para requisar a los adolescentes”, explicó. “Pero en otro sector había menores que intentaban escaparse a golpes y otros arrojando los celulares a la calle para que no los agarren. La verdad es que fue una imagen de la decadencia que se está viviendo”, añadió la vecina.

“Lo que más nos preocupa es saber qué hacen las autoridades municipales. ¿Controlan el lugar antes de habilitarlos? ¿Vigilan qué es lo que se vende en el interior? ¿Se encargan de confirmar el número de personas que asisten a estas fiestas? Estoy convencido que no hacen nada de eso”, detalló Esteban Rodríguez. “Vivo a una cuadra del club y ya estamos cansados de lo que ocurre. Incidentes a la entrada, durante las reuniones y a las salidas. Nadie hará nada hasta que pase algo malo y recién ahí se abrirá todo un debate”, añadió el arquitecto.

Fuentes judiciales confirmaron a LA GACETA que no hubo ningún procesado por este incidente. Sí confirmaron que la Policía demoró a 11 personas, de las cuales cinco eran menores de edad que terminaron siendo entregados a los padres. Funcionarios judiciales confirmaron que no tenían los elementos probatorios para acusar a las personas que eran sospechosas de cometer estos ilícitos. Sin embargo, informaron que solicitaron profundizar la pesquisa para determinar si pueden imputar a alguien.