La Justicia acumula al menos cuatro expedientes que involucran al Ministerio de Capital Humano de la Nación. Se investigan supuestas irregularidades en el reparto de alimentos a comedores, maniobras de fraude y extorsión por parte de piqueteros a beneficiarios de planes sociales y contrataciones irregulares en una oficina dependiente de la cartera que dirige Sandra Pettovello. Además, ya son cerca de 40 las bajas de personal en Capital Humano.

El Gobierno es denunciante en dos de las causas y demandado en las otras dos. Los expedientes se agilizaron hace un mes, el 13 de mayo pasado, cuando fueron allanadas más de 20 casas y cooperativas de dirigentes piqueteros. Desde entonces, el Ministerio es objeto de cuestionamientos por ineficiencia, mala praxis y desprolijidades. El primer caso que impulsó el Estado nacional se inició por las llamadas anónimas recibidas en una línea del Ministerio de Seguridad, abierta por Patricia Bullrich, para recibir denuncias de personas a los que obligaban a concurrir a las marchas para asignarles planes sociales. Se recibieron más de 10.000 llamadas desde fin del año pasado. De esas, quedaron unas siete personas identificadas que estuvieron dispuestas a declarar para explicar las maniobras de las que fueron víctimas.

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Otro escándalo que puso a Capital Humano en la mira -esta vez como denunciado- fue la polémica desatada por el dirigente social Juan Grabois que alertó la retención de alimentos que estaban destinados a ser repartidos entre los comedores populares. Tras una investigación e inspección en los dos depósitos -uno en Villa Martelli y otro en Tafí Viejo- se estableció que había leche en polvo que vencía el mes que viene, y que había faltantes e inconsistencias entre lo que declaró el Gobierno en existencia y lo que había realmente en los depósitos.

En paralelo, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Walter Lara Correa dispuso que otra causa iniciada por la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) contra el Ministerio de Capital Humano sea tramitada como un amparo colectivo. Ordenó que se compulse si existen procesos similares en el Registro Público de Procesos Colectivos de la Corte Suprema.

El cuarto expediente fue iniciado por el Ministerio y fue abierto por Pettovello cuando arrenciaban las críticas por su gestión de los alimentos en los comedores comunitarios. Con un escrito de Leila Gianni, la cartera denunció que el ex funcionario Pablo de la Torre, que estaba a cargo de la Secretaría de la Niñez, se valió de un mecanismo de contratación de empleados mediante la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), una entidad internacional que financia proyectos en diversos países. A partir de esto, se inició una investigación en la que se pidió informes al Gobierno nacional sobre la cantidad de contratos y los montos involucrados. También se ordenó que declare el representante legal de la asociación internacional. La denuncia menciona que se usaban estos programas internacionales para pagar sueldos corrientes o sobresueldos aún estando trabados los nombramientos en el Estado.