Olga Cudmani afirmó y reafirmó ayer que durante su gestión al frente de la Dirección General de Construcciones Universitarias no sólo que no se perdió dinero, sino que se consiguió un importante ahorro que terminó beneficiando a la casa de altos estudios. Lo hizo en el marco del juicio en el cual se debaten presuntas irregularidades con las utilidades de la minería enviadas entre 2006 y 2009 por la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), de la cual la UNT es socia.
La ingeniera logró completar la declaración que había iniciado el 26 de junio, y se sometió a preguntas tanto de la fiscalía como de la querella, durante las cuales remarcó nuevamente que la causa responde a operaciones políticas (la denuncia se realizó en medio de las elecciones de la UNT) y que ella es ajena a cualquier maniobra ilícita.
Ante el juez Jorge Alejandro Basbús en la sala de debate del Tribunal Oral Federal y del resto de los miembros del Tribunal Ana Carina Farías, de Santiago del Estero, y Enrique Lilljedahl, de Catamarca, más el juez sustituto Mario Eduardo Martínez de manera virtual, Cudmani recordó que durante 2001 el país sufrió muchos procesos inflacionarios, pero que a pesar de esto la Universidad “no hizo ninguna rederterminación de precios”. La ex funcionaria universitaria además cuestionó un informe realizado por el comandante Horacio Cordani, de Gendarmería Nacional, ya que dijo que tenía falencias. “La única causa por la que se origina esta acusación es ese informe que, repito, tiene muchas falencias”, dijo. “Hay cosas que no se agregaron con valores, por lo que baja el presupuesto”, advirtió.
Además de Cudmani, en el juicio están imputados el ex rector de la UNT, Juan Alberto Cerisola, el ex subsecretario Administrativo, Luis Fernando Sacca, y el ex director de Inversiones y Contrataciones, Osvaldo Venturino. “En nuestro caso se produjo un ahorro. Esto anula la existencia de dolo”, aseguró la ingeniera, quien además recordó que en el momento de la denuncia “el Consejo Superior estaba en una puja interna y lo único que importaba era la política”. “Mi responsabilidad en todo este proceso era la ejecución de las obras. Y así se hizo. En el Consejo no había la intencionalidad de escuchar lo que yo decía. Se rechazaba todo. El origen de esta causa es político. Hubo comentarios sucios que siguen existiendo. Cuando empezó este proceso yo tenía 50 años y ahora tengo 65”, rememoró. Y también aseguró que, por ejemplo, las decanas de Odontología y de Psicología cuestionaron obras, al igual que el de Arquitectura. “Todo en medio de una campaña electoral”, advirtió. Y luego se quejó: “nadie dijo en el Consejo Superior que habíamos producido un ahorro por no redeterminar los precios”, Y luego explicó acerca de lo que llamó “los famosos anticipos financieros”. “Tomaron un porcentaje del 30%. Es de uso común en la obra pública. Se daba para evitar posteriores reclamos de las empresas y minimizaban el efecto inflacionario. A todas se le dieron esos anticipos. No hubo ningún perjuicio a la UNT. Al contrario. Hubo beneficios. Se los daba a todos, no hubo discriminación. Y fue exitoso, produjo ahorro”, aclaró.
Causa YMAD: “Había un operativo para desprestigiar la gestión del contador Cerisola”, dijo CudmaniEmergencia edilicia
Cudmani además afirmó que en ese momento “la UNT estaba en emergencia edilicia”. “Había muchos problemas cuando entrábamos a una obra. Había reclamos y debíamos solucionarlos. Las obras se pagaron con los valores de precio base. Hubo ahorro. Nunca se pagó un peso de más”, aseveró. Y para remarcar su postura explicó: “yo no elegía las empresas que trabajaban en las obras. Había una comisión que evaluaba a cada empresa. Y yo siempre respeté lo que se había decidido. Siempre tratamos de defender el presupuesto de la Universidad. Nosotros teníamos auditorías permanentes”, concluyó.
El debate se reiniciará el próximo martes, cuando comenzarán a declarar los testigos, entre ellos consejeros universitarios que aprobaron o no las obras que debían realizarse.
Las medidas probatorias: planteos resueltos por el tribunal
El tribunal resolvió planteos sobre varias medidas probatorias. Las defensas pedían que se solicitase informes a la Justicia Federal sobre la querella que la UNT inició a YMAD (los jueces decidieron que como esa información ya estaba incorporada, que se pidiera actualización) y que se oficiara al Banco Nación para saber cuántos fondos había depositados en esa causa (fue rechazado). También pidieron incorporar publicaciones periodísticas con testimonios sobre el caso (fue rechazado sin perjuicio de que eventualmente se vaya a interrogar a los testigos al respecto), así como investigaciones académicas sobre la minería (rechazado). Finalmente, se rechazó el pedido de incorporar un libro del fallecido Florencio Aceñolaza, sin perjuicio de que en algún momento se vaya a citar partes del libro.