Hoy declararán en el Tribunal Oral Federal los primeros testigos en el juicio en el cual se debaten presuntas irregularidades con las utilidades de la minería enviadas entre 2006 y 2009 por la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), de la cual la UNT es socia.

Se trata de integrantes del Consejo Superior de la UNT en el momento en que se formó una comisión investigadora luego de que se conociera la denuncia por el uso de los fondos de la minería para hacer obras en la Universidad. Por esas presuntas maniobras están acusados el ex rector de la UNT, Juan Alberto Cerisola, el ex subsecretario Administrativo, Luis Fernando Sacca, la ex directora de Construcciones Universitarias, Olga Cudmani, y el ex director de Inversiones y Contrataciones, Osvaldo Venturino.

Todos ellos expusieron sus argumentos y aseveraron su inocencia en las jornadas anteriores y ahora es el turno de los “testigos prioritarios”, según el pedido del fiscal federal Pablo Camuña, quien está acompañado en la acusación por el fiscal federal Agustín Chit y por los auxiliares fiscales Lucía Doz Costa y Daniel Waisenberg. También ha pedido como testigos a integrantes de ese Consejo Superior el querellante por la UNT, Rodolfo Burgos.

Para hoy han sido citados Rafael Oscar Alonso, Luis Ramón Gustavo Grosso, Stella Maris Granicelli de Villafañe, Francisco Humberto Mingolla, Santiago Yanotti, Laura Andrea Arapa, Silvia Graciela Manca, María Isabel Ferrari, Ricardo Enrique Sobral y Alberto Bruno Andrada.

El tribunal está integrado por Jorge Alejandro Basbús, de Santiago del Estero -quien preside la audiencia en forma presencial-, Ana Carina Farías, de Santiago del Estero, y Enrique Lilljedahl, de Catamarca, más el juez sustituto Mario Eduardo Martínez, todos ellos de manera virtual.

La acusación

Cerisola está acusado por presunta administración fraudulenta y por violación a los deberes de funcionario público en la realización de obras para lo que llamó la “ciudad universitaria del siglo XXI”. Tras la denuncia de Ramón Eudal, se investigó por presuntos sobreprecios en obras realizadas entre 2006 y 2009, por las colocaciones financieras de los fondos llegados de las utilidades mineras (por esto está acusado también Luis Sacca) y por tres resoluciones por las que se decidió crear un régimen de obras distinto a la Ley nacional de Obras Públicas; poner a Construcciones Universitarias bajo la órbita directa del Rectorado y por haber cambiado mediante un acta, firmada con el directorio de YMAD el 2 de enero de 2008, la distribución de las utilidades como estaba establecida por la Ley 14.771, de creación de YMAD.

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La norma determinaba que el 60 % de las utilidades le correspondían a la provincia de Catamarca y el 40% a la UNT y que debía destinarse a la finalización de la Ciudad Universitaria que a fines de los años 40 la Universidad había comenzado a construir en San Javier. La ley dice que una vez concluido esto, debía destinarse la mitad de ese 40% a las otras universidades y la otra mitad quedaba para la UNT, de libre disponibilidad. En el acta de 2008 aparece declarada la culminación de la Ciudad Universitaria y se cambia la distribución. Años después el Consejo Superior declaró nula el acta y ello derivó en una querella judicial de la UNT contra YMAD, que posiblemente quede resuelta en breve.

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