Argentina atraviesa tensiones políticas y sociales en todas sus clases sociales. Para los de arriba obedece a que el plan económico de Milei se encuentra en un impasse extremadamente agudo. Ha producido una recesión industrial que no se veía desde el 2001. El ajuste gubernamental que se hizo respondió a un déficit determinado y ahora tiene un nuevo añadido. A la eliminación de déficit fiscal (20.000 millones de dólares) se agrega una deuda del Banco Central con los bancos (60.000 millones de dólares). Jubilados, trabajadores y provincias deberán hacerse cargo de una quiebra de 80.000 millones de dólares equivalente al16% de todo el PBI del país. Para opositores y el FMI, la recuperación económica, pasa por el levantamiento de cepo cambiario (facilidad para exportar e importar), remitir dividendos y traer capitales, reanudar el flujo financiero y comercial del país. Una devaluación, sostiene el gobierno, va a provocar una nueva inflación sobre la ya anterior y que ya había hundido a la obra pública, a jubilados y trabajadores. El gobierno, mientras tanto, busca una salida en una política económica que raramente se aplicó en el mundo. Si no se devalúa a través de una desvalorización del peso lo bajará hundiendo salarios nominales, la producción industrial y toda la base monetaria del país. Una u otra salida lleva a un salto en el ajuste. Muchos economistas consideran a esta situación como un default. Milei dijo que quiere pagar, pero, en los hechos, está haciendo default parciales (eléctricas, bancos y generadores de energía renovables). La política de deflación está produciendo despidos de trabajadores como es el caso de textiles y del calzado y todo esto cruza a la política. En las clases medias y trabajadoras, la desesperación es muy grande por las pérdidas de ingresos personales. En el plano político se manifiestan esas tensiones: Milei echó a 50 funcionarios. Otra expresión de la crisis es que ningún partido político tiene el encuadramiento político para ir a elecciones del 2025 (el gobierno nacional no tiene partido, el PRO en crisis y un conjunto de fracciones en el Congreso que no representan nada para postularse como alternativa nacional). Y eso ocurre, más severamente, con el peronismo donde las escisiones son cada vez mayores ya que carga con la convicción de que si va a elecciones va a tener un resultado peor del que tuvo en el 2023. Kicillof busca conciliar con los gobernadores de Santa Fe o de Chubut o se busca una reforma de la Constitución provincial para cortar de raíz con el yuyerío electoral. Está expresando, por un lado, que en función de sus propios planteos políticos no puede afrontar una elección y la necesidad de supervivencia política en un contexto social hostil para con la dirigencia en general, por el otro. El cuadro de situación, por ahora, roza lo extraparlamentario. Los trabajadores tienen una familia que deben alimentar. La tendencia del gobierno nacional es abolir los convenios de trabajo porque en ese plan deflacionario, los salarios no tienen que aumentar más que el 2, 3 o 4%, franja de aumentos fijados por Caputo para los precios.
Pedro Pablo Verasaluse
pedropabloverasaluse@gmail.com