Los jubilados no hacen huelga, sino algo más serio

Los jubilados no le importan al poder político argentino. No le interesan al oficialismo, que ha confirmado el veto contra las modificaciones a la Ley de Movilidad Jubilatoria que acaba de sancionar el Congreso. Y no le importan a la oposición, que se rasga las vestiduras en nombre de los viejos contras los que ellos mismos tomaron resoluciones como las que hoy adoptan los libertarios.

Hoy, un jubilado que cobra el haber mínimo recibe $ 225.000 mensuales, más un bono de $ 70.000. El total es apenas la tercera parte de los $ 873.000 que se necesitaron en julio “para no ser pobre”: ese es el costo de la “canasta básica” (no incluye alquiler). Peor aún, la “mínima” ni siquiera alcanza para salir de la indigencia: sólo la “canasta alimentaria” insumió, el mes pasado, $ 366.000.

Durante la semana pasada, cuando el centro de la agenda pública se trasladó de los Tribunales de Comodoro Py (allí se tramitan las causas contra el ex presidente Alberto Fernández) al Congreso de la Nación, el Senado completó la sanción del nuevo esquema para el cálculo de las jubilaciones, que incluyó la inflación en la fórmula. A la vez, la norma dispuso una recomposición del 8% en los haberes de los pasivos, para compensar el desfase con la inflación de este año. La Casa Rosada vetará la norma. Como antes el kirchnerismo conjuró mejoras previsionales; y no una vez, sino dos.

Variable de ajuste

Las razones que esgrime el oficialismo son las mismas que las invocadas por anteriores gobiernos: las erogaciones previsionales se encuentran entre los principales componentes del gasto público, así que sus variaciones hacen peligrar las cuentas del Estado. En términos financieros, es razonable. Pero en términos humanos es injustificable que las políticas de “ajuste” no excluyan a los adultos mayores. Pero lo hicieron y lo hacen porque los trabajadores que han pasado al sector pasivo, justamente, no tienen capacidad de coacción. No pueden amenazar con huelgas ni con piquetes.

En el Gobierno libertario, además, los jubilados son la variable de varios ajustes. Como se dijo, no habrá recomposición respecto de la inflación. A ello se suman cambios en las prestaciones del PAMI: se redujo el número de remedios gratis que pueden adquirir mensualmente. Simultáneamente, numerosos medicamentos que tenían un descuento del 80% ya no cuentan con esa cobertura.

Estos “ajustes” sobre los jubilados se convierten en “ajuste” sobre sus familias: los que trabajan socorren a los “abuelos” para que no deban enfrentar la perversa decisión de elegir entre comer o tratar sus dolencias con lo que les receta el médico. Esto ocurre, por supuesto, en los que son el principal sostén del hogar, sobre todo en tiempos de recesión y creciente desempleo...

Adversarios incoherentes

Por todo ello, la oposición escogió esta situación como uno de los arietes con los cuales embestir contra el oficialismo. En la mayoría de los casos, con impune incoherencia. La más evidente es la del PRO. Su titular, el ex presidente Mauricio Macri, manifestó su respaldo al veto de Milei, luego de que los senadores de su partido votaran por la aprobación en general de la ley ahora objetada.

“Decían que no había plata y que al ajuste lo iba a pagar la casta. Pero hay plata para aviones de guerra, para bajar los impuestos a los ricos, para los viajes privados del Presidente, para el blanqueo de los evasores seriales, para darle 100.000 millones a la SIDE. ¿Irresponsabilidad fiscal o prioridades diferentes”, planteó el titular de la UCR, el senador Martín Lousteau. La chicana política es válida para alimentar indignaciones, pero sorprendente en boca del economista, porque equipara gastos de magnitudes tan asimétricas. Es como asimilar motocicletas con camiones: aunque los dos tienen motores de combustión y andan sobre ruedas, sus magnitudes son incomparables. El facilismo es tan poco serio como cuando, en las redes sociales, algunos referentes libertarios reniegan de que los senadores que ganan $ 8,5 millones por mes aprueben mejoras de $ 18.000 para los jubilados, como si las dietas de 72 parlamentarios fueran suficientes para financiar el régimen previsional argentino.

Pero lo más llamativo de Lousteau es que fue ministro de Economía de Cristina Kirchner: como Presidenta, ella incorporó 3 millones de argentinos al régimen previsional a pesar de que no tenían los años de aportes necesarios. Probablemente correspondía dar una asistencia monetaria a los que no hubieran podido jubilarse, en la Argentina que sufrió la hiperinflación alfonsinista, que padeció dos dígitos de desempleo durante el menemismo y que, para rematar, quebró tras el fracaso del delarruismo. Las secuelas de esos procesos fueron altísimas tasas de empleo sin registrar: argentinos que trabajaron, pero “en negro” y, por tanto, sin aportes. De modo que lo reprochable no es haber dado amparo estatal a los adultos mayores que fueron carne de cañón de esos gobiernos radicales y peronistas, sino el haber financiado esa medida con los fondos de la Anses, que es la que paga los haberes de quienes sí hicieron aportes durante décadas de vida laboral.

Para estos nuevos “jubilados” el Estado debió prever otra fuente de financiación e, inclusive, otra figura legal. Pero eligió convertir a la Anses en una “caja política” y resentir la mensualidad de los que habían trabajado toda su vida. Eso es el populismo de izquierda: es generoso con la plata ajena.

Cristina era consciente del incendio fiscal y lo reconoció el 14 de octubre de 2010. “He vetado esta ley de quiebra que ayer ha sancionado el parlamento porque tengo mucha responsabilidad. Son 40 millones de personas que dependen de las cosas que hagamos quienes tenemos responsabilidad en el Estado. Basta de estafar al Estado. Esto de ‘bueno, no importa, después vemos cómo se financia’ me parece demasiado ingenuo”, explicó. Había firmado el decreto 1.482, que vetó el 82% a las jubilaciones mínimas. Es decir, a los 3 millones de nuevos jubilados que incorporó.

Tan responsable era el kirchnerismo que cuando volvió a gobernar la Argentina por cuarta vez, con Alberto Fernández, modificó la Ley de Movilidad Jubilatoria para eliminar lo que ahora, en el Congreso, porfía por incorporar. La “reforma” del cuarto gobierno “K” eliminó de la fórmula de cálculo de los haberes previsionales la variable de la inflación y la reemplazó por la recaudación.

Por cierto, la inflación ingresó en el cálculo de las jubilaciones con la reforma del macrismo, que mereció la protesta en la que arrojaron 14 toneladas de cascotes al Congreso. Cuando el kirchnerismo eliminó ese componente de la fórmula, la izquierda no protestó. Los artistas “K” tampoco grabaron videos para alertar que la patria, o los jubilados, estaban en peligro.

Así que hoy, como ayer, no están discutiendo sobre qué es lo que más les conviene a los jubilados. En definitiva, ¿qué pueden hacer los viejos? Hay algo que pueden hacer y, sin embargo, el poder político aún no alcanza a aprenderlo: pueden votar. Lo supo el año pasado el cuarto gobierno “K”, y por paliza. A Milei le debería preocupar el hecho de averiguarlo el año que viene.