Con huelgas, marchas y otras medidas de fuerza, el ámbito universitario se moviliza en Tucumán y en el resto del país para reclamar contra las políticas del presidente Javier Milei, con la Ley de Financiamiento Universitario en el centro de la discusión.
Para este jueves y viernes, gremios docentes y no docentes llevarán adelante un paro nacional, que será el preludio de la manifestación federal anunciada para el miércoles 2 de octubre. Se espera un alto nivel de acatamiento en las cátedras de la UNT y de la UTN-Tucumán.
“La universidad pública se defiende luchando”, indicaron en el gremio de Adiunt, que encabezan Anahí Rodríguez y Diego Toscano. Y apuntaron dos consignas para estas jornadas: la defensa del salario, del presupuesto universitario y de la educación pública; y el rechazo al veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.
El jefe de Estado se prepara para oponerse a la sanción de esta norma, aprobada con el impulso de la oposición en el Congreso de la Nación. El proyecto preveía una actualización presupuestaria para las universidades públicas del país, a fin de hacer frente al deterioro en los salarios y en el estado de la infraestructura educativa. Sin embargo, el criterio de la Casa Rosada es no avalar normativas que requieran altas inversiones, pero no contemplen fuentes de financiamiento, dado que esto afectará las metas fiscales que promueve la gestión de La Libertad Avanza.
Desde el CIN
A la espera de que Milei firme el decreto con el veto a la ley de financiamiento educativo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamó “respuestas” al Gobierno nacional y convocó a la sociedad argentina “a una nueva manifestación en defensa de la educación pública y del sistema universitario público”.
“Desde principios de año nos pusimos a disposición de las autoridades nacionales para la búsqueda de soluciones y advertimos las dificultades que el sistema universitario atravesaba. Lo hicimos razonablemente pero con firmeza mientras que soportamos una campaña injusta y falaz, sistemática y planificada, que intenta desprestigiar lo que sucede en el ámbito científico y universitario desmereciendo el esfuerzo de millones de estudiantes y miles de docentes y no docentes de todo el país”, expresaron en el organismo.
En ese sentido, reprocharon que no hubo “vocación de diálogo” por parte de la Nación, y advirtieron que “la situación hoy es más crítica”. “Más del 70% de las y los trabajadores de la educación superior perciben salarios por debajo de la línea de pobreza, y miles no recibieron incremento alguno desde principios de año”, indicaron.
En este contexto, el CIN remarcó que, con la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario, “se abrió una esperanza” para dar respuestas “a la angustiante situación salarial”. “Se trata de una ley responsable, que resuelve los problemas de manera razonable porque evita comprometer fiscalmente al Estado. A pesar de saberlo fehacientemente, el Gobierno manifestó que optaría por vetarla”, cuestionaron en el Consejo.
A este conflicto se suma, además, el Presupuesto 2025 elaborado por Milei. “Nunca antes los fondos solicitados por el CIN estuvieron a tanta distancia de lo que el Gobierno propuso al Congreso para su tratamiento. Y ha quedado claro en este derrotero que no se trata de un problema de recursos, sino de prioridades”, aseguraron.
Así, en la reunión de rectores y rectoras de las universidades públicas del país, celebrada este martes en Ciudad de Buenos Aires, elevaron un petitorio de tres puntos. El primero, dirigido al Presidente, para que “no prospere el veto a la Ley de Financiamiento Universitario” y para que “reconsidere el Presupuesto 2025”. El segundo, a diputados y senadores nacionales, para que el Congreso insista las propuestas relacionadas a los recursos educativos para “garantizar las condiciones mínimas e indispensables”. Y el tercero, a la sociedad argentina, “que acompañó con extraordinarias movilizaciones cada vez que la historia llamó a su puerta”.