Desde hace varios años las vacantes judiciales se han convertido en un tema de Estado. Es que, tanto por cuestiones políticas como administrativas, a partir del crecimiento del Poder Judicial en cuanto a juzgados, no se llega a equiparar el número de vacantes con la de jueces designados para cubrirlas. Se trata de una selección que implica la participación de los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en distintas instancias y con procesos que, inevitablememte, se extienden en el tiempo. Justamente por eso no parece haber forma de llegar al momento en el que, al producirse una vacante, ya esté listo el candidato para ocuparla. Para peor, la misma sociedad exige mayor celeridad en procesos sensibles, como los que por ejemplo llevan adelante los juzgados de Familia, que actualmente acumulan el mayor caudal de causas, con hasta siete audiencias diarias.

El último año de gestión de Juan Manzur casi no tuvo respuesta ante el pedido de coberturas. Las mismas se acumularon en los escritorios de Casa de Gobierno a pesar de tener candidatos surgidos del trabajo del Consejo Asesor de la Magistratura, integrado por un miembro de la Corte, Daniel Posse, legisladores, jueces y representantes de los Colegios de Abogados luego de exámenes y entrevistas. Y si bien se trata de una atribución del mismo gobernador, a quien la ley no le pone plazos para elegir a los candidatos, la falta de propuestas para girar a la Legislatura motivó una crisis institucional con juzgados sobrecargados, subrogancias eternas y paralización de causas, según denunciaron autoridades del Colegio de Abogados en notas dirigidas al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva.

Al contrario de su antecesor, Osvaldo Jaldo comenzó con el pie derecho y a los cuatro días de haber asumido ya mandó 30 nombres a la Legislatura, que luego se convirtieron en jueces. Y luego fueron otros 12 hasta llegar a los 42. Pero a partir de ese momento todo se ralentizó. Surgió una disputa a partir de la sanción de una ley que equiparaba a los fiscales con los auxiliares fiscales, luego de un acuerdo entre la Legislatura y el Ministerio Público Fiscal, que finalmente fue vetada. Desde entonces no se enviaron más propuestas de candidatos a la Legislatura. Y las mismas comenzaron a acumularse. Pero luego, además, apareció una cuestión financiera. Cuando el gobernador y las autoridades del Ministerio de Gobierno comenzaron a ver lo que suponía financieramente la erogación para ocupar 42 nuevos cargos y decidieron avanzar lentamente. Así, mientras en Tribunales advierten que la cobertura de cargos es fundamental para seguir brindado un servicio acorde al que se reclama, el pago de 130 millones de pesos mensuales en momentos en que las cuentas deben estar equilibradas es un problema de difícil solución. La mayor demanda, se dijo, se da en el fuero de Familia, y estaría decidido a reforzarla con nuevos jueces, pero el resto de las vacantes, se informó, deberán esperar. En momentos de emergencia atender las cuestiones sensibles siempre debería ser una prioridad. Garantizar el acceso a la salud, a la educación y a la asistencia social es una obligación del Estado. Pero garantizar el correcto acceso a la Justicia debería estar dentro del mismo plan. Y para eso es fundamental cubrir las vacantes que se producen.