Una comisión creada en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos ha elaborado un Instructivo de Buenas Prácticas Contravencionales con el fin de adecuar el tratamiento de esta tarea a los estándares constitucionales y convencionales, así como las observaciones realizadas por la Justicia a la norma que aplica la Policía en Tucumán. Se trata de un trabajo que, según se anunció, ayudaría a cambiar los efectos de esta norma cuestionada y al mismo tiempo muy utilizada, antes de que se logre hacer una nueva norma, objetivo que se persigue desde hace mucho tiempo.

La Ley de Contravenciones Policiales (5.140) fue creada en 1899, promulgada en 1901 y modificada por última vez en 1982. En 2010  la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la norma por considerar que  “lesionó la inviolabilidad de la defensa en juicio y el derecho a la libertad, reconocidos en el artículo 18 de la Constitución nacional y en el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos”. La Corte dejó establecido que los procedimientos de imposición de sanciones administrativas exigen, entre otros requisitos, que el Estado provea los medios necesarios para que el juicio se desarrolle en paridad de condiciones respecto de quien ejerce la acción pública y de quien debe soportar la imputación. Y la falta de un defensor fue un punto clave para la resolución. Ya en 2015 la Corte Suprema de Justicia de la provincia había exhortado al gobierno para que modifique la ley.

Sin embargo, la Policía sigue aplicando esta norma. “Se sigue usando la Ley de Contravenciones porque desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se informó que el fallo esté vigente”, dijo en diciembre a LA GACETA el Jefe de Policía. De hecho, en el primer momento de la asunción del nuevo Gobierno el mismo funcionario había mostrado los números de los 11 primeros días de gestión (del 1 al 11 de noviembre). La cifra más impactante fue la cantidad de detenidos: 890. De ese número, 680 habían sido aprehendidos por contravenciones.

Una de las principales inconsistencias que tiene la Ley 5.140 es la facultad que le otorga al Jefe de Policía de poder privar de la libertad y emitir una sentencia sobre cuántos días de arresto le corresponden al contraventor o en todo caso abonar una multa, sin la posibilidad de afrontar un juicio.

Durante los últimos 10 años, se presentaron múltiples proyectos para aprobar un nuevo Código de Convivencia, pero ninguno fue tratado en profundidad.

La labor de la comisión para el instructivo parece ser un paso adelante, en cuanto atiende las exhortaciones y expresas solicitudes contenidas en fallos de las distintas Cortes y que fueran informados en diferentes casos judiciales en los que se impugnó artículos varios de la Ley Contravenciones Policiales de Tucumán. La Secretaría diseñó esta iniciativa, de modo de insertar en la aplicación y procedimientos de la Ley 5140, las conductas estatales efectivas y respetuosas de la legalidad y de los derechos personales.