El legislador José Seleme (Unión Cívica Radical - UCR) cuestionó este miércoles el proyecto de ley presentado por el Gobierno provincial que busca actualizar los montos establecidos para permitir contrataciones directas por parte de organismos como la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), la Dirección Provincial del Agua y la Dirección de Materiales y Construcciones Escolares.

“Evidentemente, los acuerdos con Milei están generando resultados, y hoy la Provincia tiene ‘platita’. ¿Qué hace el gobierno de Jaldo? En lugar de manejarlos con responsabilidad, intenta aumentar los techos para la adjudicación directa”, expresó Seleme, apuntando contra lo que considera una medida poco transparente por parte del Poder Ejecutivo.

El parlamentario vinculó esta práctica con antecedentes de corrupción en administraciones anteriores. “Este proyecto no es más que una copia de los oscuros procedimientos de Alperovich y Manzur, donde la corrupción y el enriquecimiento de funcionarios no eran excepciones, sino una norma. El mecanismo de las contrataciones directas se ha convertido en una herramienta para direccionar compras, servicios y obras hacia empresas amigas o fantasmas. Esto resulta en sobreprecios, obras mal ejecutadas o, peor aún, no realizadas, pero que igual aparecen pagadas”, afirmó.

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Luego, recordó casos emblemáticos que reflejan esta metodología, como Lomas de Tafí, Manantial Sur y el plan de obras del exdirector de la DAU, Miguel Brito. “Después no pasa nada porque tienen una Justicia adicta al poder, salvo honrosas excepciones, que absuelven a personajes como Brito, Durán y otros que perpetuaron este esquema corrupto”, señaló.

Manejo responsable de los recursos públicos

Además, insistió en la necesidad del manejo responsable de los recursos públicos. “Si ahora tienen plata, tienen que cuidarla. Los recursos públicos no son un botín para el Gobierno y sus amigos. Basta de quemar la plata de los tucumanos con negociados espurios. Jaldo, como buen heredero político de Alperovich y Manzur, continúa pisoteando los sistemas de transparencia que garantizan nuestras leyes, usando artilugios para perpetuar la corrupción”, enfatizó.

Destacó la importancia de los procesos de contratación claros y fiscalización efectiva: “Los tucumanos ya conocemos las consecuencias de este modelo: sobreprecios, obras direccionadas e inconclusas, empresas fantasmas y un daño incalculable al dinero de los tucumanos. Por eso, exigimos que los procesos de contratación de obras o servicios se realicen con licitaciones públicas, transparentes y claras. Es imprescindible que los órganos de control, como el Tribunal de Cuentas, cumplan con su deber de fiscalizar en lugar de encubrir”.

“No podemos permitir que se repita este esquema perverso, que abre las puertas a negocios oscuros que dañan las instituciones”, sentenció.